En un reciente encuentro formativo de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Rosa Rubio Ramos, Fiscal Delegada de Civil y de Discapacidad y Mayores en las Islas Canarias, junto a Josep Moya Ollé, psiquiatra y psicoanalista, abordaron el crucial papel que desempeña la Fiscalía en la prevención y detección de desasistencia y abusos a personas mayores.
Actualmente, España cuenta con alrededor de 10 millones de ciudadanos mayores de 65 años. De ellos, aproximadamente 3 millones son dependientes y más de medio millón padecen demencia moderada o grave. Las proyecciones para 2050 indican que esta cifra podría superar los 15 millones, con 8 millones de personas dependientes y cerca de un millón con demencia. Ante este preocupante aumento en la vulnerabilidad de este sector poblacional, la Ley 8/2021 ha otorgado al Ministerio Fiscal una posición central en la lucha contra el maltrato, abuso y desatención hacia las personas mayores.
Papel del Ministerio Fiscal
La legislación establece una red compleja que involucra a diversas instituciones públicas, prestadores de servicios esenciales —incluyendo entidades privadas como bancos— y el entorno familiar y comunitario del anciano. El Ministerio Fiscal es la única autoridad designada por ley para recibir comunicaciones sobre situaciones de abuso o desatención, tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana.
Esta posición central exige al Ministerio Fiscal un liderazgo activo que garantice la coordinación entre los diferentes actores involucrados y asegure que cada caso sea canalizado adecuadamente hacia el sistema judicial cuando sea necesario. Esta responsabilidad se vuelve aún más crítica para aquellos ancianos que carecen de un entorno cercano, convirtiendo a la Fiscalía en su último recurso institucional para proteger sus derechos.
Perfiles destacados
María Rosa Rubio Ramos ha ocupado varios cargos relevantes dentro del ámbito fiscal, siendo Fiscal Decana de la Sección de lo Civil y Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad en Las Palmas. Su trayectoria incluye ser vocal del Consejo Fiscal y Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario. Además, ha contribuido significativamente a la formación en el ámbito fiscal.
Josep Moya Ollé, licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, es un reconocido psiquiatra que también se ha especializado en psicoanálisis. Actualmente trabaja en el equipo CIPAIS (Centro de Investigación y Práctica Analítica Interdisciplinaria en Salud) y actúa como psiquiatra asesor del SEAP (Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores), donde interviene en casos relacionados con malos tratos a personas mayores.
Moya es miembro activo de la Real Academia Europea de Doctores y ha publicado diversas obras sobre salud mental pública y clínica psicoanalítica.
La noticia en cifras
Cifra |
Descripción |
10 millones |
Personas mayores de 65 años en España actualmente. |
3 millones |
Personas mayores de 65 años que son dependientes. |
Más de medio millón |
Personas mayores de 65 años que sufren demencia moderada o grave. |
15 millones |
Se prevé que haya más de esta cifra de mayores en 2050. |
8 millones |
Se prevé que haya más de esta cifra de personas dependientes en 2050. |
Cerca de un millón |
Se prevé que haya cerca de esta cifra de personas con demencia en 2050. |
Preguntas sobre la noticia
¿Quiénes participaron en el webinario sobre el rol de la Fiscalía en la protección de personas mayores?
María Rosa Rubio Ramos, Fiscal Delegada de Civil y de Discapacidad y Mayores en las Islas Canarias, y Josep Moya Ollé, psiquiatra y psicoanalista, fueron los ponentes del webinario.
¿Cuál es el objetivo de la Ley 8/2021 en relación con la Fiscalía y las personas mayores?
La Ley 8/2021 sitúa al Ministerio Fiscal en una posición central para la prevención y detección del maltrato, abuso o desatención a personas mayores, coordinando esfuerzos con servicios sociales, de salud y otras administraciones.
¿Qué papel juega el Ministerio Fiscal en la red de protección a personas mayores?
El Ministerio Fiscal es la única autoridad designada por ley para recibir comunicaciones sobre situaciones de abuso o desatención hacia personas mayores, actuando como un recurso institucional clave cuando otras vías se agotan.
¿Cuáles son las proyecciones demográficas para las personas mayores en España?
Se estima que en 2050 habrá más de 15 millones de mayores de 65 años en España, con un aumento significativo en el número de personas dependientes y aquellas que padecen demencia.
¿Qué experiencia tiene María Rosa Rubio Ramos?
María Rosa Rubio Ramos ha ocupado varios cargos importantes dentro del sistema judicial, incluyendo su labor como Fiscal Decana y su participación en formación relacionada con el Ministerio Fiscal.
¿Qué especialización tiene Josep Moya Ollé?
Josep Moya Ollé es licenciado en Medicina y especializado en Psiquiatría. También es psicoanalista y trabaja como psiquiatra asesor en casos de malos tratos a personas mayores.