Corte Suprema permite a Trump revocar protecciones para migrantes

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido, con un voto de 7-2, permitir que la administración de Donald Trump revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 500,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta resolución anula las órdenes judiciales de instancias inferiores que habían impedido su deportación.

Con esta decisión, se otorga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la autoridad para cancelar las protecciones del TPS mientras continúan los desafíos legales, dejando a cientos de miles de migrantes en riesgo de ser deportados. Este fallo representa una victoria significativa para la agenda migratoria estricta del expresidente Trump, quien ha buscado desmantelar los programas de parole implementados durante la administración Biden.

Argumentos y disidencias

La mayoría conservadora del tribunal respaldó el argumento del gobierno, que sostiene que las políticas de la administración Biden han generado un flujo incontrolable sin ofrecer un camino claro hacia el estatus legal. Las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo, siendo Jackson particularmente crítica con la intervención del tribunal.

«No puedo tolerar nuestra repetida e innecesaria interferencia en casos pendientes en los tribunales inferiores mientras vidas están en juego», afirmó Jackson en su disenso. «Una vez más utilizamos nuestro poder equitativo… para permitir que esta administración interrumpa tantas vidas como sea posible, lo más rápido posible».

Contexto sobre el TPS

El TPS fue establecido por el Congreso en 1990 y protege a los migrantes de la deportación si sus países de origen enfrentan desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. La administración Trump había intentado finalizar estas protecciones para venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, argumentando que las condiciones en esos países habían mejorado lo suficiente como para justificar el fin del programa.

No obstante, el juez federal Edward Chen en San Francisco bloqueó los esfuerzos de la administración el pasado septiembre, determinando que el DHS actuó con «una prisa sin precedentes» y parecía haber predeterminado el resultado sin justificación adecuada. El Departamento de Justicia apeló esta decisión, lo que llevó al fallo del viernes que levantó la orden judicial de Chen.

Repercusiones políticas y humanitarias

Este fallo se alinea con la agenda más amplia de deportaciones promovida por Trump, quien ha prometido expandirla si es reelegido. En una declaración tras la decisión, Trump expresó: «Hoy es un gran paso hacia asegurar nuestras fronteras y restaurar el orden en nuestro sistema migratorio». A su vez, críticos advierten sobre las graves consecuencias que enfrentan las familias que han vivido en Estados Unidos durante años.

«Esta decisión ignora la realidad de la violencia y la inestabilidad en Venezuela y Haití», declaró María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición Inmigrante de Florida. «Forzar a las personas a regresar a situaciones peligrosas no solo es cruel sino también desestabilizador para la región».

Aunque aún no se ha emitido una declaración formal desde la Casa Blanca, demócratas en el Congreso han solicitado acciones legislativas para proteger a quienes cuentan con TPS. Este fallo resalta la naturaleza volátil de la política migratoria estadounidense, donde las acciones ejecutivas y las batallas judiciales frecuentemente redefinen las vidas de poblaciones vulnerables.

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