Juez federal detiene orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

Un juez federal impide la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

El jueves, un juez federal en New Hampshire tomó la decisión de bloquear una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, que pretendía restringir el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos. Esta medida afectaba a los hijos de padres que no son ciudadanos ni residentes legales permanentes.

La resolución del juez se produce apenas dos semanas después de que la Corte Suprema limitara el poder de los jueces federales para emitir medidas cautelares con alcance nacional, aunque dejó abierta la posibilidad de proteger derechos mediante demandas colectivas.

Decisión judicial y sus implicaciones

El juez Joseph Laplante, designado por el expresidente George W. Bush, aceptó certificar provisionalmente una demanda colectiva presentada por defensores de los derechos de los inmigrantes. Esto le permitió emitir una nueva orden preliminar que bloquea la implementación nacional de la política propuesta.

Dicha decisión se fundamenta en una excepción permitida por la Corte Suprema en su reciente fallo, habilitando acciones colectivas como una alternativa legal para frenar políticas federales consideradas perjudiciales.

La orden ejecutiva firmada por Trump en enero instruía a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía de niños nacidos en territorio estadounidense si sus padres no contaban con al menos uno que tuviera ciudadanía o tarjeta de residencia (green card). De aplicarse esta política, se estima que podría negar la ciudadanía a más de 150,000 recién nacidos anualmente, según cálculos presentados por los demandantes.

Reacciones y contexto legal

Durante la audiencia, Laplante expresó que negar la ciudadanía a un niño representa un daño irreparable, afirmando: "La ciudadanía es el privilegio más grande que existe en el mundo". El juez consideró que emitir la medida cautelar no fue "una decisión difícil" para el tribunal. No obstante, suspendió temporalmente su implementación durante siete días para permitir al gobierno de Trump apelar, lo cual fue confirmado por un abogado del Departamento de Justicia.

Esta decisión se suma a varias medidas judiciales adoptadas previamente por jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington, quienes también bloquearon órdenes ejecutivas similares al considerarlas inconstitucionales.

Fundamentos constitucionales y futuras acciones

Los jueces mencionados fundamentaron sus decisiones en la Enmienda 14 de la Constitución y en el histórico caso United States v. Wong Kim Ark, donde se estableció que todo niño nacido en Estados Unidos tiene derecho a la ciudadanía sin importar el estatus migratorio de sus padres.

A pesar del contexto favorable para las demandas colectivas, un reciente fallo de la Corte Suprema limitó las medidas cautelares universales, lo que obligó a los tribunales a buscar nuevas estrategias legales para abordar estas cuestiones.

En respuesta a esta situación, la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) ha presentado nuevas demandas colectivas, incluida aquella que llevó a esta decisión del juez Laplante.

Criticas desde la Casa Blanca

Desde la Casa Blanca, el portavoz Harrison Fields criticó severamente esta medida judicial, describiéndola como "un intento evidente e ilegal" para evadir las órdenes claras de la Corte Suprema. Además, acusó al juez Laplante de abusar del procedimiento relacionado con las demandas colectivas.

"La administración Trump luchará con firmeza contra estos jueces distritales rebeldes que intentan impedir que el presidente implemente las políticas para las cuales fue elegido", declaró Fields.

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