El Partido Popular ha presentado una pregunta escrita a la Comisión Europea, solicitando su evaluación sobre el posible uso indebido de fondos declarados como gastos de campaña para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Esta solicitud surge en el contexto de la investigación relacionada con las llamadas “cloacas” del PSOE.
La iniciativa es impulsada por la vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado y presidente de la comisión de Libertades, Javier Zarzalejos. Ambos consideran que las recientes informaciones tienen un impacto directo en el análisis que realizará la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, cuyo resultado se conocerá a principios de julio.
Investigación judicial y gastos electorales
Esta pregunta se origina tras la difusión de noticias en España sobre una investigación judicial que involucra gastos atribuidos a la campaña del PSOE para las elecciones europeas. Según los reportes, un desembolso de 18.000 euros, declarado como gasto electoral, habría sido destinado en realidad a la compra de grabaciones obtenidas en saunas relacionadas con el suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de obtener información comprometedora.
En su escrito, los eurodiputados advierten que si estos hechos son confirmados judicialmente, podría haberse producido un uso inapropiado de recursos destinados a la campaña electoral para propósitos ajenos a los declarados ante las autoridades competentes. Esta situación podría contradecir principios fundamentales de transparencia e integridad electoral, tal como se establece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
Demandas a la Comisión Europea
Por lo tanto, solicitan a la Comisión que clarifique si considera aceptable que fondos destinados a gastos electorales sean utilizados para obtener información privada sobre adversarios políticos o personas ajenas a la campaña.
Comportamientos que van en contra del Estado de Derecho en la UE
Dolors Montserrat subrayó que cada nueva revelación sobre corrupción dentro del PSOE revela un patrón recurrente: “la utilización de recursos y estructuras para proteger al entorno político de Pedro Sánchez frente a investigaciones judiciales y policiales”. Afirmó que esta gravedad supera todo lo conocido hasta ahora en Europa y recordó que dentro de esta estructura criminal se encuentra Santos Cerdán, número dos del partido, así como también ha sido imputada la gerente del PSOE.
Por su parte, Javier Zarzalejos enfatizó que la transparencia en la financiación política no debe ser vista como una cuestión partidista, sino como un requisito esencial del Estado de derecho y los valores fundamentales sobre los cuales se basa la Unión Europea. “No estamos pidiendo a la Comisión que prejuzgue una investigación judicial, sino que se pronuncie sobre los estándares democráticos y éticos necesarios para regular la financiación electoral dentro de la Unión”, concluyó.
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