Las grandes olvidadas y traicionadas

Conviene decirlo sin rodeos, porque llevan demasiado tiempo esperando a que alguien lo diga.

Desde que este país estrenó democracia, la Policía Nacional y la Guardia Civil han sostenido los pilares sobre los que se levantan las libertades, los derechos y los deberes de todos. La transición les exigió aprender otro oficio a marchas forzadas, cambiar de piel y de cultura, ponerse al servicio de un marco de derechos que hasta entonces no existía. Lo aceptaron sin alzar la voz. Mientras la sociedad celebraba en la calle lo que estaba conquistando, miles de agentes trabajaban en silencio para que nadie se lo arrebatara. Reconocimiento institucional no hubo. De los ciudadanos, sí; de quienes mandaban, nunca.

Después llegó lo más duro. El terrorismo se propuso acabar con esas mismas libertades y se llevó por delante vidas de ciudadanos, de agentes y de sus familias. ¿Quién no recuerda la imagen de un guardia civil sosteniendo a su hija en brazos entre los escombros de un atentado? Aquella fotografía la vimos todos. El abandono, sin embargo, siguió su curso, y a los mismos que ponían los muertos les tocó ver cómo las policías locales y autonómicas iban recibiendo lo que a ellos se les negaba. Nunca se ha explicado por qué. Nadie ha sabido nunca dónde estaba el castigo.

Siempre los primeros en llegar. Terrorismo, inundaciones, incendios, pandemias, crisis económicas y migratorias, protestas multitudinarias, delincuencia organizada. Siempre delante. Y siempre los últimos en la cola cuando toca repartir.

Todo esto se resume en una fecha que parte al cuerpo en dos como un tajo: el 1 de enero de 2011. Quien ingresó antes cotiza por clases pasivas; quien lo hizo después, por la Seguridad Social. Mismo uniforme, mismas noches, mismos riesgos, dos sistemas distintos. Y de qué lado de esa raya caiga cada uno depende cuándo podrá retirarse y con cuánto. Ni unos ni otros tienen reconocida la jubilación anticipada; lo único que los diferencia es cuánto van a perder.

El Tribunal Supremo obligó al Gobierno a reconocer esa jubilación anticipada por profesión de riesgo, pero su sentencia solo alcanzaba a los del segundo grupo. Y el proyecto de real decreto que el Ministerio de Inclusión sacó en marzo hace exactamente eso y nada más: reconoce el derecho a quienes entraron a partir de 2011 y deja fuera a todos los anteriores, que son la mayoría del cuerpo, y a la Guardia Civil entera.

Traducido a lo que le ocurre a un agente con nombre y apellidos: quien se retira hoy lo hace seis años más tarde y con unos setecientos euros menos al mes que un policía autonómico o local que ha hecho su mismo trabajo. Y hay un detalle que roza el sarcasmo: los que sí entran en el decreto no empezarán a jubilarse hasta dentro de veinte años. La reforma llega tarde justamente para quienes llevan más tiempo pisando la calle.

Mientras tanto, aquí. En Ceuta, los agentes que sostienen la ciudad desde el 30 de julio llevan días pidiendo sentarse con la Delegación del Gobierno y con la Jefatura Superior de Policía, y no lo consiguen. No hay interlocutor. No hay nadie con quien hablar de lo que les está pasando ni de lo que puede estar vulnerándose. La respuesta que reciben es que ya habrá tiempo cuando esto pase. Al jefe superior lo ven ausente del asunto, como si tampoco fuera el momento.

Pues el momento es este. Precisamente este. Porque lo que quieren saber es qué órdenes se están dando a los agentes y qué se espera de ellos cuando salen a la calle. Eso no se pregunta cuando ya no hace falta la respuesta.

De ahí el paso que dan esta semana. El viernes, EYA, SUP y UFP se sientan con las asociaciones de vecinos. No a firmar nada: a escuchar. Después llevarán lo que hayan oído al jefe superior y al delegado del Gobierno. La cercanía entre la Policía y el ciudadano siempre ha sido eso, tiempo para escuchar.

Las salidas están escritas y encima de la mesa desde hace tiempo. Cambiar la ley de clases pasivas para cotizar por lo que de verdad se cobra. Permitir el paso voluntario al régimen de la Seguridad Social. O una ayuda a la jubilación financiada por Interior, como ya tienen reconocida otros funcionarios del Estado. Ninguna de las tres es imposible. Ninguna de las tres avanza.

El Ministerio del Interior abrió esta primavera una mesa técnica para tratar el reconocimiento como profesión de riesgo. Se reunió en mayo. Se reunió en junio. No salió nada. La próxima cita es el 22 de septiembre.

Ellos han estado donde se les ha pedido y donde estaba el problema. Siempre. La pregunta, a estas alturas, ya no admite más prórrogas: ¿hasta cuándo va a seguir el Gobierno olvidándolos?