El nuevo ataque de Sánchez y los separatistas para violar el derecho europeo

En una carta dirigida al Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, el Portavoz de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé Villalba, ha expresado su profunda preocupación por el último golpe a la legalidad del Gobierno español encabezado por Pedro Sánchez, junto al partido separatista Junts. En la misiva, Buxadé destaca el acuerdo entre ambas fuerzas políticas que ha generado inquietudes sobre la independencia judicial y el respeto al derecho comunitario.

En una nueva concesión para lograr aprobar el último decreto «ómnibus» del gobierno, Sánchez ha acordado con los separatistas la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil a cambio de su abstención. Este artículo es un elemento clave para la salvaguarda de la seguridad jurídica en España, pues garantiza la suspensión de cualquier actuación judicial hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre una cuestión prejudicial. Buxadé subraya que su eliminación amenaza directamente el principio del Estado de Derecho en España, la separación de poderes, y constituye además un «atentado directo contra el derecho europeo».

Según alerta Buxadé, la supresión del artículo 43 bis tendría «la finalidad directa y exclusiva de eludir la aplicación del derecho comunitario aplicable» para evitar la suspensión de la aplicación de la ley de amnistía inconstitucional. El Vicepresidente Político de VOX acusa ante las autoridades de la Unión Europeo al Gobierno de Sánchez de sacrificar principios jurídicos fundamentales en favor de intereses políticos a corto plazo, comprometiendo así la integridad del sistema judicial y socavando la confianza en el Estado de Derecho. «Vuelve a poner en evidencia la estrategia de Sánchez de sortear el control judicial a su peligrosa acción de Gobierno», ha remarcado.

De esta forma, el Jefe de Delegación de VOX en el Parlamento Europeo reclama al Comisario Reynders que «deje de ponerse de perfil» y responda de manera «firme, decidida e inmediata» para preservar el Estado de Derecho en España y devolver la seguridad a la ciudadanía.