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La Audiencia Nacional procesa a un protegido de Soros en España
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La Audiencia Nacional procesa a un protegido de Soros en España

Por José Rodríguez
viernes 18 de diciembre de 2020, 23:06h

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Finalmente 45 personas han sido procesadas por la creación de una red para blanquear dinero que conseguían a través de la droga. Destacan entre los nombres Gonzalo Boye, abogado cercano a Carles Puigdemont y Quim Torra, y a quien ya el periodista y escritor Joaquín Abad señaló en su libro, 'La red secreta de Soros en España', como uno de sus protegidos; también José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, entre otros.

Como avanzábamos, entre los procesados se encuentra el abogado de personalidades separatistas, como Carles Puigdemont y Quim Torra, y es que Gonzalo Boye deberá defenderse ahora de un delito de "blanqueo de capitales del narcotráfico en el seno de una organización criminal", así como de otro delito continuado de "falsificación en documento oficial".

Además, hay que destacar que su entrada en prisión podría ser inevitable, ya que solo por el blanqueo Boye se enfraría a mínimo tres años de cárcel. El abogado habría intentado recuperar un total de 889.620 euros intervenidos en el año 2017 cuando a través de Barajas intentaban evadirlo hacia Colombia.

El propio Boye intentó convencer al Servicio de Prevención de Blanqueo con documentación de un supuesto negocio que, a juicio de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, "no presentaba lógica comercial alguna".

De hecho, podrían ser falsas, ya que o estaban vencidas o las fechas no eran reales: "Conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos [...] y los presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia".

A los 900.000 euros de fianza hay que añadir que Boye ya tiene embargados sus bienes para hacer frente a la indemnización por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla.

Los 45 procesados se enfrentan a delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento oficial, o tenencia ilícita de armas, entre otros.

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