India exige que los nuevos smartphones incluyan una app de ciberseguridad estatal, generando preocupaciones sobre la privacidad

India ordena la instalación de una aplicación de ciberseguridad en nuevos smartphones

El gobierno de India ha emitido una directiva que obliga a todos los nuevos teléfonos inteligentes a incluir, de forma preinstalada y no removible, una aplicación de ciberseguridad gestionada por el estado. Esta medida ha suscitado preocupaciones en torno a la privacidad de los ciudadanos.

La orden, aprobada la semana pasada y hecha pública recientemente, otorga un plazo de 90 días a los fabricantes de teléfonos para garantizar que todos los dispositivos nuevos cuenten con la aplicación Sanchar Saathi. Según las autoridades, esta iniciativa es fundamental para ayudar a los usuarios a verificar la autenticidad de sus dispositivos y reportar el uso indebido de recursos telecomunicativos.

Críticas y preocupaciones sobre la privacidad

La implementación de esta medida se produce en uno de los mayores mercados telefónicos del mundo, donde más de 1.2 mil millones de usuarios utilizan teléfonos móviles. Sin embargo, expertos en ciberseguridad han criticado la decisión, argumentando que infringe el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

Lanzada en enero, la aplicación Sanchar Saathi permite a los usuarios verificar el IMEI (Identidad Internacional de Equipos Móviles) de sus dispositivos, reportar teléfonos perdidos o robados y señalar comunicaciones sospechosas. El IMEI es un código único de 15 dígitos que identifica y autentica un dispositivo móvil en las redes celulares.

Regulaciones adicionales y su impacto

En un comunicado, el Departamento de Telecomunicaciones de India advirtió que los teléfonos móviles con números IMEI duplicados o falsificados representan un "grave peligro" para la ciberseguridad en telecomunicaciones. La entidad destacó que existe un amplio mercado secundario para dispositivos móviles en el país, donde se han registrado casos de reventa de equipos robados o bloqueados, lo cual puede generar pérdidas económicas para los compradores.

Bajo las nuevas regulaciones, la aplicación preinstalada debe ser "visiblemente accesible" para los usuarios al configurar el dispositivo y no podrá ser desactivada ni restringida. Además, se exige a los fabricantes que se esfuercen por proporcionar la aplicación mediante actualizaciones para aquellos dispositivos que ya están fuera de fábrica pero aún no han sido vendidos.

Preocupaciones sobre permisos y cumplimiento

A pesar del argumento del gobierno sobre el fortalecimiento de la ciberseguridad en telecomunicaciones, expertos advierten que los amplios permisos solicitados por la aplicación generan inquietudes respecto a la cantidad de datos que podría recolectar, aumentando así las posibilidades de vigilancia estatal.

La Fundación Internet Freedom expresó su preocupación al afirmar que esta medida convierte cada smartphone vendido en India en un dispositivo con software impuesto por el estado que el usuario no puede rechazar ni controlar efectivamente. Además, señalaron que el diseño impide desactivar la aplicación, lo cual debilita las salvaguardias habituales contra el acceso no autorizado entre aplicaciones.

Desafíos para fabricantes y comparaciones internacionales

Analistas tecnológicos como Prasanto K Roy enfatizan que uno de los principales problemas radica en el nivel de acceso que la aplicación podría obtener sobre los dispositivos. Aunque actualmente se indica que no recolecta ni comparte datos del usuario, muchos cuestionan qué tan transparentes son realmente estas afirmaciones.

El cumplimiento con esta normativa se presenta como un reto significativo para muchos fabricantes, incluidos gigantes como Apple, quienes tradicionalmente han rechazado solicitudes similares por parte de gobiernos. A pesar del dominio del sistema operativo Android en India, Apple representa aproximadamente el 4.5% del mercado local según Counterpoint Research.

Recientemente, Rusia también implementó regulaciones similares al exigir que todos los teléfonos vendidos en su territorio incluyan una aplicación estatal específica. Este tipo de medidas plantea interrogantes sobre cómo equilibrar las necesidades gubernamentales con las garantías individuales relacionadas con la privacidad y la seguridad digital.

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