En la comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, la portavoz del GPP, Violante Tomás, ha expresado su preocupación por el retraso en el desarrollo de la Ley del Deporte, que fue aprobada hace tres años. Tomás exigió al Gobierno que cumpla con sus responsabilidades y ponga en marcha las medidas estipuladas en esta legislación, enfatizando la necesidad de una perspectiva inclusiva que contemple a todos los deportistas, sin excepción.
La diputada recordó que miles de deportistas con discapacidad aún esperan que se materialicen los compromisos gubernamentales. En este contexto, mencionó la falta de avances respecto al “Estatuto del Deportista”, así como al régimen disciplinario y a los códigos de buen gobierno, aspectos fundamentales para garantizar un entorno deportivo equitativo.
Demandas por accesibilidad y justicia social
Tomas también destacó los altos costos que enfrentan los deportistas con discapacidad y propuso incluir el material deportivo necesario en el catálogo de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud. “No se trata de privilegios, sino de equidad y sentido común”, afirmó, mientras solicitaba un marco fiscal estable para fomentar el patrocinio deportivo en favor de estas personas y una apuesta decidida por el deporte inclusivo desde la educación básica.
Por su parte, Lourdes Ramírez, otra diputada del GPP, advirtió sobre la inacción del Gobierno frente a un problema crítico: la accesibilidad universal en edificaciones públicas. Ramírez subrayó que no se trata de caprichos, sino de derechos fundamentales. “La accesibilidad no se estudia, se garantiza”, enfatizó ante un Ejecutivo que ha evadido respuestas concretas sobre plataformas elevadoras fuera de servicio instaladas en cuarteles de la Guardia Civil.
Propuestas para entornos seguros y prevención del odio
Ramírez exigió soluciones inmediatas para asegurar que las personas con movilidad reducida puedan acceder a comisarías y otros espacios públicos sin depender de terceros. Propuso la instalación de rampas permanentes donde sean necesarias, argumentando que “la inclusión se demuestra con hechos”. Según ella, si una persona no puede ingresar a un edificio público, se le está cerrando la puerta a su ciudadanía.
El diputado Bartolomé Madrid advirtió sobre el incremento de delitos de odio dirigidos hacia personas con discapacidad. Aunque este fenómeno ha mostrado signos de mitigación durante 2024, Madrid insistió en que debe seguir siendo una prioridad gubernamental. “La verdadera fortaleza de una democracia se mide por cómo se protege a los más vulnerables”, comentó.
La importancia de crear espacios seguros
Madrid también alertó sobre el papel perjudicial que juegan las redes sociales como plataformas donde proliferan hostigamientos e insultos. La impunidad asociada a muchos mensajes fomenta un clima que normaliza conductas violentas en la vida real. Por ello, propuso establecer “entornos seguros y respetuosos” donde las víctimas puedan denunciar sin temor y recibir apoyo adecuado.
“Queremos una España donde nadie sea señalado ni excluido por su condición”, concluyó Madrid, abogando por un país donde cada individuo pueda vivir libremente y con orgullo por ser quien es.
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