La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, ha generado una controversia significativa tras vetar el proyecto de ley S.B. 1109. Esta legislación tenía como objetivo prohibir la adquisición de tierras en el estado por parte del gobierno chino o entidades asociadas, especialmente en áreas cercanas a infraestructuras estratégicas como bases militares, instalaciones nucleares y centros tecnológicos esenciales.
En su carta de veto, fechada el 2 de junio, Hobbs justificó su decisión al señalar que la normativa no era efectiva para combatir el espionaje y carecía de medidas concretas para proteger los activos militares del estado. Asimismo, cuestionó la falta de criterios claros para su implementación, advirtiendo sobre el riesgo de una aplicación arbitraria de la norma.
Reacciones al veto
El proyecto había sido objeto de un proceso de enmiendas bipartidistas que limitaba su alcance únicamente a entidades vinculadas al gobierno chino, en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad nacional.
Una situación específica que motivó la creación del proyecto fue un intento reciente por parte de China de arrendar propiedades cercanas a la base aérea Luke, donde se entrenan pilotos estadounidenses. La decisión de Hobbs ha sido criticada con dureza por miembros del Partido Republicano y organizaciones conservadoras. La líder de la mayoría en el Senado estatal, Janae Shamp, calificó el veto como "políticamente motivado" y "totalmente insensato", acusando a la gobernadora de obstaculizar los esfuerzos para proteger a los ciudadanos del estado frente a amenazas extranjeras.
Preocupaciones sobre seguridad nacional
Shamp fue quien impulsó el proyecto con la intención de salvaguardar los activos militares, comerciales y agrícolas de Arizona contra posibles actos de espionaje o sabotaje. Por su parte, Michael Lucci, CEO de State Armor Action, criticó a Hobbs por dar un mensaje contrario al afirmar que el estado estaba "abierto para el Partido Comunista Chino".
A pesar de que Hobbs sostiene que la medida no tendría un impacto real sobre la seguridad, este debate se inserta dentro de una tendencia nacional. El Comité de los 100, una organización sin fines de lucro enfocada en temas relacionados con China, informó que al menos 27 estados están considerando 84 proyectos similares y 22 ya han aprobado normativas que restringen la propiedad extranjera de tierras.
Tendencias en otros estados
En Arizona, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), más de 118.000 hectáreas agrícolas en los condados Maricopa y Pinal son propiedad de corporaciones chinas. A nivel nacional, entidades extranjeras poseían alrededor de 40 millones de acres agrícolas hasta 2021, lo que representa aproximadamente el 3% del total; sin embargo, China solo abarca el 1%.
A pesar del bajo porcentaje, expertos advierten que incluso pequeñas cantidades en ubicaciones estratégicas pueden representar amenazas significativas. Varios estados ya han tomado medidas: Utah ha aprobado leyes que prohíben o limitan las inversiones provenientes de países como China, Rusia, Irán y Corea del Norte en tierras dentro del estado.
Interés federal en la problemática
El gobierno federal también ha mostrado interés en esta problemática. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, confirmó recientemente que la Casa Blanca está buscando prohibir la compra de tierras estadounidenses por parte del gobierno chino. Esta iniciativa sigue las restricciones impuestas a empresas como Huawei y refleja la presión continua sobre plataformas como TikTok, cuyo futuro en Estados Unidos sigue siendo incierto ante posibles extensiones del plazo para desinversión.
La noticia en cifras
Cifra |
Descripción |
27 |
Estados que están considerando proyectos de ley similares a S.B. 1109. |
22 |
Estados que ya han aprobado normativas que restringen la propiedad extranjera de tierras. |
118,000 |
Hectáreas de tierras agrícolas en Arizona en manos de corporaciones chinas. |
40 millones |
Acre de tierras agrícolas poseídas por entidades extranjeras en Estados Unidos hasta 2021. |