Renuncias en las Fuerzas Especiales del Reino Unido por investigación de crímenes de guerra

El personal de las fuerzas especiales británicas, específicamente del Servicio Aéreo Especial (SAS), está renunciando a sus puestos debido a temores de posibles juicios relacionados con investigaciones en curso sobre crímenes de guerra, según varios informes mediáticos.

Una investigación pública se encuentra actualmente en marcha para examinar supuestos asesinatos extrajudiciales y encubrimientos por parte de las fuerzas especiales del Reino Unido durante operaciones en Afganistán, Siria e Irlanda del Norte. La indagación se centra especialmente en misiones realizadas en Afganistán entre 2010 y 2013.

Renuncias clave y alcance de la investigación

De acuerdo con fuentes internas, miembros de al menos dos escuadrones específicos del SAS, identificados como D y G, han solicitado una "liberación voluntaria anticipada". El número exacto de personal que busca abandonar la unidad no ha sido revelado oficialmente por el Ministerio de Defensa británico.

La pesquisa, que investiga operaciones secretas del Reino Unido, está analizando presuntos homicidios ilegales ocurridos durante redadas nocturnas en Afganistán, incluyendo disparos a detenidos y civiles desarmados. Además, la investigación abarca misiones llevadas a cabo en Siria e Irlanda del Norte.

Moral interna y preocupaciones legales

Fuentes citadas en los medios han descrito una baja moral dentro del regimiento, con un informante afirmando: "La moral está muy baja en este momento". Otro testigo mencionó un "considerable descontento" entre el personal activo.

El teniente coronel Richard Williams, en declaraciones a la radio LBC, atribuyó el aumento de renuncias a las inquietudes entre los soldados sobre las acciones tomadas durante operaciones pasadas que podrían dar lugar a futuras investigaciones o arrestos bajo leyes de derechos humanos. Un memorando compartido con asociaciones del SAS y del Regimiento de Reconocimiento Especial reveló que 242 tropas de fuerzas especiales, incluidas 120 personas activas, están siendo perseguidas por abogados como parte de indagaciones sobre derechos humanos.

Alegaciones específicas y pruebas presentadas

Documentos presentados ante la investigación pública detallan incidentes específicos, como uno en el que las fuerzas especiales dispararon contra una red antimosquitos hasta que dejó de moverse, solo para descubrir más tarde que contenía mujeres y niños. Se alegó que este tiroteo fue encubierto y que el soldado involucrado fue posteriormente premiado.

Una investigación separada realizada por BBC Panorama en 2022 identificó a 54 personas supuestamente asesinadas en circunstancias sospechosas por una unidad del SAS durante un único despliegue de seis meses en la provincia de Helmand, Afganistán. El informe alegaba que hombres afganos desarmados fueron "rutinariamente asesinados fríamente" y que se plantaron armas sobre las víctimas.

Afirmaciones de encubrimientos de alto nivel y fallos investigativos

Según un informe del Morning Star, la investigación escuchó testimonios en diciembre donde se afirmó que el director de las Fuerzas Especiales del Reino Unido (UKSF) tomó una "decisión consciente" para encubrir posibles crímenes de guerra en Afganistán. Un oficial identificado como N1466 declaró que el director "sabía lo que estaba sucediendo sobre el terreno" y buscó "encubrirlo".

Una revisión preparada para la investigación encontró que una indagación realizada por la Policía Militar Real sobre presuntos homicidios ilegales fue socavada por retrasos y falta de recursos. La investigación principal, denominada Operación Northmoor, comenzó en marzo de 2014 a pesar de que surgieron preocupaciones tan pronto como 2011; fue cerrada en julio de 2019 en lo que se calificó como una decisión "inadecuada y prematura", dejando líneas clave de indagación sin examinar.

Conclusión

Las renuncias reportadas y la continua investigación pública destacan tensiones significativas dentro de las fuerzas especiales británicas respecto a la responsabilidad legal por operaciones encubiertas pasadas. La situación resalta preguntas persistentes sobre el escrutinio militar realizado bajo condiciones oficiales de secreto y los desafíos para aplicar leyes de derechos humanos a guerras clandestinas.

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