El programa de Asistencia Médica para Morir (MAiD) en Canadá se ampliará en 2027 para incluir a individuos cuya única condición subyacente sea “la enfermedad mental.” Esta decisión ha generado inquietudes debido a la interpretación cada vez más amplia y subjetiva que el estado canadiense ha adoptado sobre lo que constituye una enfermedad mental, lo que plantea interrogantes sobre quién podría ser sometido a esta medida bajo el nuevo régimen de MAiD.
Particularmente alarmante es la tendencia reciente dentro del gobierno de Mark Carney y círculos académicos que abogan por incluir a los denominados “teóricos de la conspiración” bajo el paraguas de la enfermedad mental. Este enfoque corre el riesgo de patologizar la disidencia y el pensamiento alternativo, presentando la no conformidad ideológica como una condición clínica.
Preocupaciones sobre el alcance del programa
Si esta situación no se controla, se abriría la puerta a un exceso estatal, donde catalogar a alguien como enfermo mental podría convertirse en una herramienta no solo para intervenciones médicas, sino también para silenciar o eliminar voces consideradas inconvenientes.
La expansión del MAiD ha sido retrasada en múltiples ocasiones, con una fecha actual de elegibilidad fijada para el 17 de marzo de 2027. Este aplazamiento refleja preocupaciones sobre la capacidad del sistema de salud para manejar estos casos de manera segura y ética.
Implicaciones éticas y sociales
El Centro para la Adicción y Salud Mental (CAMH) ha expresado su inquietud, señalando la falta de directrices clínicas y recursos necesarios para evaluar y proporcionar MAiD a personas con enfermedades mentales.
Originalmente concebido como un último recurso para aquellos con enfermedades terminales, el MAiD ha evolucionado silenciosamente hasta convertirse en uno de los regímenes de eutanasia más permisivos del mundo. La inclusión planificada de enfermedades mentales suscita profundas preocupaciones éticas. ¿Quién decide cuándo el sufrimiento de una persona es “irremediable”? En un país donde la atención psiquiátrica está subfinanciada, algunos temen que el estado esté ofreciendo la muerte como una alternativa más económica al tratamiento y apoyo a largo plazo.
Los críticos argumentan que esta política envía un mensaje peligroso: que si se está luchando con problemas invisibles, uno podría estar mejor muerto, y el gobierno estaría dispuesto a facilitarlo. Para quienes padecen depresión crónica, trastorno por estrés postraumático o esquizofrenia, la esperanza no debe ser reemplazada por una aguja.
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