Venezuela

La administración de Trump ha anunciado una revisión exhaustiva de las tarjetas de residencia (green cards) otorgadas a inmigrantes de 19 países, incluyendo Afganistán, Cuba, Haití, Irán, Somalia y Venezuela. Joseph Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., indicó que esta medida responde a preocupaciones de seguridad nacional tras un ataque reciente en Washington DC. La revisión busca evaluar la validez de las green cards emitidas y se enmarca dentro de una política más amplia para restringir la entrada de extranjeros considerados riesgosos. La administración también suspendió temporalmente el procesamiento de solicitudes de inmigración para afganos mientras se revisan los protocolos de seguridad. Para más detalles, visita el enlace.

El Gobierno de República Dominicana ha autorizado el uso de sus bases aéreas por parte de EE.UU. para actividades logísticas en el marco de la operación 'Lanza del Sur' del Pentágono, en medio de crecientes tensiones en el Caribe. El presidente Luis Abinader anunció esta decisión durante una rueda de prensa con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, destacando que tiene como objetivo fortalecer la cooperación binacional contra el narcotráfico y mejorar la vigilancia aérea y marítima. Esta colaboración se da en un contexto geopolítico tenso, marcado por la presencia militar de EE.UU. en la región y las amenazas hacia Venezuela. La medida es temporal y busca reforzar los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado transnacional.

Venezuela ha exigido a las aerolíneas internacionales que reanuden sus vuelos al país en un plazo de 48 horas, de lo contrario, podrían perder su autorización para operar allí. Esta medida se produce tras la suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas debido a una advertencia del regulador aéreo estadounidense sobre "actividad militar elevada" en la región. La Autoridad Aeronáutica de Venezuela (Inac) emitió un ultimátum, mientras que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió que retirar las autorizaciones solo aislaría más al país. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han aumentado, con el despliegue militar estadounidense en el Caribe como telón de fondo.

China is strategically moving to support the Venezuelan regime of Nicolás Maduro, effectively bypassing U.S. sanctions and establishing a significant presence in Latin America. A new no-tariff trade agreement between China and Venezuela covers around 400 goods, which experts warn could devastate local industries in Venezuela. This partnership is seen as a direct challenge to U.S. efforts to isolate Venezuela economically amidst rising military pressure from the U.S. Navy. Analysts suggest that while China provides economic support, it lacks the military capability to counteract American intervention. The situation highlights a shift in global power dynamics, with countries like China willing to engage with nations under U.S. sanctions, raising concerns for American foreign policy and influence in the region.

Un grupo de portaaviones de la Armada de EE. UU., liderado por el USS Gerald R. Ford, ha llegado al Caribe en medio de crecientes tensiones con Venezuela y operaciones contra el narcotráfico. Esta acción, ordenada por el presidente Donald Trump, se produce tras al menos 19 ataques a embarcaciones sospechosas en la región, resultando en numerosas muertes. El gobierno venezolano ha denunciado que EE. UU. está fabricando una crisis para desestabilizar su administración. Además, las relaciones entre EE. UU. y Colombia se han tensado, con el presidente Gustavo Petro suspendiendo la cooperación en inteligencia hasta que cesen los ataques marítimos. La presencia militar estadounidense en América Latina es la más significativa en décadas, enfocándose en interrumpir actividades ilegales y tráfico de drogas.

Las autoridades portuguesas han interceptado un narco-submarino en el Atlántico, que transportaba más de 1.7 toneladas de cocaína. La operación tuvo lugar a 1,000 millas náuticas de Lisboa y resultó en la detención de cuatro personas, entre ellas dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano. La embarcación semi-sumergible estaba destinada a la península ibérica y fue localizada gracias a información proporcionada por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas de Lisboa. Tras la incautación, el submarino no pudo ser remolcado debido a condiciones climáticas adversas y se hundió en el mar. Este incidente resalta el creciente problema del tráfico de drogas en la región, con operaciones similares que han tenido lugar en años recientes.

El 3 de noviembre de 2025 se venció el plazo legal que permitía al Gobierno de EE.UU. realizar operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental sin la autorización del Congreso. Este período de 60 días, establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, comenzó tras un ataque notificado por el presidente Donald Trump el 2 de septiembre. Para extender este plazo, Trump debía certificar una "necesidad militar ineludible", lo cual no ha ocurrido hasta ahora. A pesar de esto, se informa que la administración considera que no está sujeta a esta resolución y puede continuar las operaciones sin aprobación legislativa. Las acciones militares han sido criticadas por numerosos gobiernos y organismos internacionales, quienes las califican como agresiones y violaciones del derecho internacional.

Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos "pausará permanentemente" la migración desde todos los "países del tercer mundo". En una publicación en Truth Social, el presidente afirmó que esta decisión permitirá que el sistema estadounidense se recupere de políticas migratorias que han afectado las condiciones de vida de muchos estadounidenses. Esta declaración sigue a un tiroteo en Washington DC, donde un nacional afgano fue acusado de atacar a miembros de la Guardia Nacional. Trump también prometió eliminar beneficios federales para no ciudadanos y reexaminará las tarjetas verdes emitidas a inmigrantes de 19 países, incluyendo Afganistán, Cuba y Venezuela. La postura dura de Trump sobre la inmigración se intensifica en medio de preocupaciones sobre la seguridad nacional.

El despliegue de una armada naval estadounidense en el Caribe, que incluye tres destructores y 4,000 tropas, está intensificando la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. Aunque públicamente muestra confianza, fuentes indican que vive con miedo a un ataque militar o un intento de asesinato. La administración Trump ha duplicado la recompensa por su captura a $50 millones y planea designar su red criminal como organización terrorista. La situación revela tensiones internas en el círculo cercano de Maduro, complicadas por rumores de negociaciones secretas con Estados Unidos. Expertos advierten que la crisis podría estar llegando a su fin, aunque prevén que la violencia es inevitable si no se logra una resolución negociada.

Chile se prepara para una segunda vuelta en las elecciones presidenciales, programada para diciembre, entre la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, y el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast. La primera ronda no produjo un ganador claro, y la campaña se centró en temas de crimen e inmigración. Jara, quien ganó por un estrecho margen, representa una coalición gobernante y ha prometido aumentar la producción de litio y mejorar la seguridad. Por otro lado, Kast, un abogado conservador con antecedentes familiares controvertidos, aboga por medidas drásticas contra la inmigración y un endurecimiento de las políticas de seguridad. Este evento electoral refleja una posible tendencia hacia la derecha en América Latina.

Diosdado Cabello, secretario general del PSUV y ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, ha instado a la población a mantener la calma ante las agresiones mediáticas y militares de EE.UU. en el Caribe. En una conferencia, enfatizó la importancia de la "máxima movilización" y destacó que el patriotismo del pueblo venezolano siempre prevalecerá. Cabello criticó el despliegue militar estadounidense bajo el pretexto de la lucha antidrogas, señalando que no hay pruebas que respalden las acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro. La comunidad internacional, incluyendo a Rusia y organismos de derechos humanos, ha condenado estas acciones como violaciones del derecho internacional. Para más detalles, visita el enlace.

El Departamento de Guerra de EE. UU. ha intensificado su lucha contra el narcotráfico con 16 ataques aéreos letales desde septiembre, resultando en la muerte de cinco presuntos contrabandistas en el Pacífico. Esta estrategia marca un cambio significativo de las intervenciones no letales anteriores y ha sido justificada por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien califica a los objetivos como "narco-terroristas" relacionados con la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Sin embargo, críticos advierten sobre el riesgo de una expansión militar no controlada y violaciones del derecho internacional, especialmente en el contexto de posibles acciones militares contra facciones venezolanas vinculadas al narcotráfico. La militarización de la política antidrogas podría llevar a conflictos prolongados y desestabilizar regiones, ignorando las causas subyacentes del problema.

La Cancillería rusa ha denunciado que la presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela está generando una situación de gran tensión en la región. El viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, afirmó que Washington es el único responsable del ambiente tenso y expresó solidaridad con Venezuela. Además, destacó que el país sudamericano está haciendo esfuerzos para combatir el narcotráfico, contradiciendo las acusaciones estadounidenses sobre la existencia de cárteles en su territorio. Desde agosto, EE.UU. ha desplegado buques de guerra y aviones en la zona, llevando a cabo bombardeos que han resultado en numerosas muertes. Rusia y otros países han criticado estas acciones como agresiones y violaciones del derecho internacional.

Tres hombres han muerto en un ataque aéreo de Estados Unidos contra un supuesto barco de narcotráfico en el Caribe, según el secretario de Defensa Pete Hegseth. Este incidente es parte de una serie de ataques que la administración Trump ha llevado a cabo desde septiembre, dirigidos a embarcaciones acusadas de transportar drogas hacia EE. UU. Sin embargo, estos ataques han suscitado críticas por su legalidad bajo el derecho internacional y han sido calificados como "asesinatos" por líderes latinoamericanos como Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Desde principios de septiembre, al menos 64 personas han perdido la vida en estas operaciones militares. La comunidad internacional, incluyendo a la ONU, ha expresado preocupaciones sobre las violaciones a los derechos humanos asociadas con estos ataques.