seguridad juridica

El Partido Popular ha solicitado en el Parlamento Europeo una ley de vivienda que facilite la construcción mediante licencias más ágiles y menores impuestos, distanciándose del enfoque populista promovido por la izquierda. Durante un debate sobre la propuesta de ley de vivienda asequible impulsada por Teresa Ribera, el PP criticó las políticas intervencionistas del Gobierno español, que han llevado a un aumento significativo en los precios de compra y alquiler. El eurodiputado Borja Giménez Larraz destacó la necesidad de aumentar la oferta de viviendas y propuso medidas como movilizar suelo y reducir la burocracia para abordar la crisis habitacional en Europa. Además, se enfatizó la importancia de crear incentivos fiscales para ayudar a los jóvenes a acceder a su primera vivienda.

El portavoz del Partido Popular, Sémper, ha calificado de "despropósito en fondo y forma" los recientes decretos de vivienda del Gobierno, advirtiendo que son un "parche" que limitará el acceso a la vivienda para los más vulnerables. En una entrevista, destacó la complejidad del problema de la vivienda y criticó la falta de una política seria que aborde la raíz del asunto. Sémper subrayó la necesidad de construir un millón de viviendas en los próximos años y propuso medidas como agilizar trámites administrativos y fomentar la propiedad. Además, rechazó las medidas actuales del Gobierno, afirmando que perjudican especialmente a los jóvenes y a los desfavorecidos.

El Senado ha aprobado la ley que declara a los funcionarios y personal de prisiones como agentes de autoridad, brindándoles protección jurídica y penal. Esta iniciativa del Partido Popular responde a una demanda histórica de estos profesionales, fortaleciendo su seguridad y estableciendo la obligación de la Administración de compensar daños sufridos en el ejercicio de sus funciones. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz en el Senado, Alicia García, han destacado la importancia de esta medida para mejorar las condiciones laborales y garantizar la seguridad frente al crimen organizado.

Macarena Lorente, diputada del GPP, ha instado al Gobierno a cumplir con la creación de una pasarela al RETA que ofrezca más garantías y seguridad jurídica. Durante el Pleno del Congreso, criticó al PSOE por defender un texto insuficiente y obstaculizar mejoras en la ley. Destacó las enmiendas del PP que eliminan la exclusión de los pensionistas de viudedad, amplían el acceso a mutualistas y establecen plazos para el desarrollo reglamentario. Lorente cuestionó por qué el PSOE se opone a mejorar la normativa y defendió que una reforma tan importante debería contar con el consenso del Pacto de Toledo.

La Segunda Sala Constitucional de Lima revocó una sentencia que limitaba las facultades del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) sobre el Terminal Portuario de Chancay, Perú. Este fallo es un revés para Cosco Shipping Ports, la empresa china que posee el 60% del puerto, que había presentado una demanda de amparo argumentando que Ositran carecía de competencias para supervisar sus operaciones. La corte determinó que no hay una amenaza inminente contra los derechos de la compañía y reafirmó las funciones de regulación y fiscalización del ente regulador.

El Partido Popular ha logrado con éxito en el Congreso la toma en consideración de su bloque de medidas sobre vivienda, obteniendo 306 votos a favor y 10 abstenciones. Este bloque incluye leyes antiokupación y reformas en la normativa de propiedad horizontal, permitiendo la participación por videoconferencia en reuniones de comunidades de propietarios. Además, se proponen modificaciones para facilitar las notificaciones electrónicas y legalizar el libro de actas digital, buscando modernizar la gestión comunitaria y mejorar la seguridad jurídica frente a problemas como la okupación. La iniciativa destaca la importancia de adaptarse a un entorno digital en constante evolución.

Elías Bendodo, vicesecretario del PP, ha instado al Gobierno a reforzar los controles del padrón municipal para evitar que se convierta en un "coladero" de inmigrantes y prevenir empadronamientos fraudulentos. Durante la Comisión de Política Territorial del Congreso, defendió una Proposición no de Ley que busca dotar a los ayuntamientos de herramientas para cruzar datos con otras instituciones y garantizar una gestión más rigurosa. Además, exigió la detención inmediata de un proyecto de regularización masiva de inmigrantes, argumentando que este proceso se ha llevado a cabo sin la debida comunicación con las autoridades europeas y sin el apoyo necesario de las administraciones locales. Bendodo enfatizó la importancia de establecer un control efectivo sobre la inmigración y asegurar que quienes lleguen a España lo hagan con buenas intenciones y respeto por las costumbres locales.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, ha afirmado en el Congreso que su partido no fallará a los españoles en el acceso a la vivienda. Destacó que "la vivienda no se abarata con decretos, se abarata con más viviendas" y criticó al Gobierno por sus políticas que han afectado negativamente al mercado inmobiliario. Bravo subrayó que muchos ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a una casa y propuso un plan del PP que incluye la construcción de un millón de viviendas en 48 meses. También advirtió sobre el impacto negativo de las nuevas medidas gubernamentales en los inquilinos más vulnerables y abogó por ampliar la oferta de vivienda como solución.

El Senado ha aprobado la modificación de la Ley General Penitenciaria que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, una medida impulsada por el Partido Popular (PP) durante los últimos ocho años. Esta legislación se considera una "deuda histórica" con más de 30,000 trabajadores penitenciarios en España, quienes desempeñan un papel crucial en la ejecución de penas y la reinserción social. Los senadores del PP han criticado el retraso en esta reforma, atribuyéndolo al Gobierno actual y destacando la necesidad de medidas adicionales para mejorar las condiciones laborales y la seguridad en las cárceles. La aprobación de esta ley representa un paso significativo hacia el reconocimiento y protección efectiva de los funcionarios de prisiones.

El Partido Popular ha denunciado el "colapso" del Gobierno en materia de vivienda, calificándolo como un "drama" que afecta especialmente a los jóvenes. Durante una sesión de control, el portavoz adjunto del GPP, Sergio Sayas, criticó la falta de un plan efectivo y la inacción del Ejecutivo de Sánchez. Destacó que el Gobierno ha gastado 1.500 millones en un portal inmobiliario que solo ofrece 800 viviendas, lo que representa un coste exorbitante por anuncio. Además, cuestionó la inversión de 13.000 millones en Casa 47, sugiriendo que esos fondos podrían haber construido 65.000 viviendas públicas. Sayas también lamentó la hipocresía de la ministra de Vivienda y advirtió sobre las repercusiones del colapso gubernamental en el mercado inmobiliario y la seguridad jurídica del Estado.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, se dirigió a empresarios vascos destacando que la actual forma de gobernar en España es insostenible y está marcada por un ciclo de corrupción generalizada. En su intervención, subrayó la importancia de abordar temas cruciales para el futuro del país, como la vivienda, la sanidad y la economía. Feijóo propuso una estrategia de competitividad industrial centrada en beneficios fiscales, seguridad jurídica y eliminación de burocracia, con el objetivo de fomentar un empleo de calidad. También hizo hincapié en la necesidad de construir mayorías políticas en torno a valores fundamentales como el cumplimiento de la ley y una economía abierta.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado en Tarifa una Proposición de Ley destinada a modificar las reglas de enfrentamiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esta iniciativa busca proporcionar un "escudo jurídico protector" que garantice la seguridad de los agentes frente al crimen organizado y el narcotráfico, especialmente en situaciones donde son atacados. Gamarra enfatizó la necesidad de declarar la guerra al narcotráfico con medidas contundentes y eficaces, destacando que el PP se compromete a dotar a las fuerzas de seguridad con más recursos y protección legal. Además, se propone un nuevo artículo en la legislación vigente para definir claramente las condiciones bajo las cuales se puede hacer uso de armas en defensa propia. La propuesta surge ante un aumento de la violencia del crimen organizado y busca reforzar el apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha exigido al Gobierno una moratoria urgente para detener la demolición de edificaciones en el litoral español amenazadas por la Ley de Costas. Esta solicitud se formaliza a través de una moción que será discutida en la Comisión General de Comunidades Autónomas. García critica la falta de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y destaca que esta medida busca proteger los derechos de propiedad privada de miles de ciudadanos afectados. El PP también demanda una revisión exhaustiva y consensuada de la Ley de Costas, argumentando que muchos propietarios construyeron sus viviendas bajo un marco legal que ahora se ve amenazado.

El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, argumentando que es "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás criticó que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo que podría perjudicar a muchas cooperativas y ciudadanos. Además, denunció que el Gobierno prioriza la "aritmética parlamentaria" sobre el interés general, creando una norma incoherente que genera inseguridad jurídica. El PP aboga por una economía social basada en resultados y ha presentado propuestas para mejorar la ley, destacando la necesidad de reducir cargas administrativas y aumentar la seguridad jurídica en el sector. También expresó su preocupación por el impacto negativo en cooperativas agroalimentarias y sociedades agrarias.