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Decisión judicial frena expansión de Cosco en puerto peruano clave
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Decisión judicial frena expansión de Cosco en puerto peruano clave

jueves 02 de julio de 2026, 12:36h

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La Segunda Sala Constitucional de Lima revocó una sentencia que limitaba las facultades del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) sobre el Terminal Portuario de Chancay, Perú. Este fallo es un revés para Cosco Shipping Ports, la empresa china que posee el 60% del puerto, que había presentado una demanda de amparo argumentando que Ositran carecía de competencias para supervisar sus operaciones. La corte determinó que no hay una amenaza inminente contra los derechos de la compañía y reafirmó las funciones de regulación y fiscalización del ente regulador.

La Segunda Sala Constitucional de Lima ha revocado la sentencia que limitaba las atribuciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) en relación al Terminal Portuario de Chancay. Además, declaró improcedente la demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, según informa RPP.

Cosco Shipping Ports, una empresa estatal china que posee el 60% de esta crucial infraestructura portuaria en el norte de Perú, se encuentra inmersa en un prolongado contencioso legal con el ente regulador.

Decisión judicial y sus implicaciones

El fallo reciente del tribunal anula la decisión tomada en primera instancia en enero, que había establecido que Ositran debía abstenerse de ejercer funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal, salvo en aspectos tarifarios específicos.

En el centro de esta controversia legal está la naturaleza dual del puerto: aunque es considerado una instalación privada, también se clasifica como infraestructura de uso público. Este fallo abre la puerta a una mayor fiscalización por parte de Ositran.

Argumentos y defensa legal

Cosco Shipping argumentó que el regulador carecía de competencias para llevar a cabo labores de supervisión. La compañía denunció que existían oficios y declaraciones públicas del regulador que evidenciaban una intención de asumir competencias que vulneraban sus derechos constitucionales, incluidos los principios de libertad empresarial y seguridad jurídica.

No obstante, la Segunda Sala Constitucional respaldó las facultades de Ositran, señalando que no existe una amenaza cierta e inminente contra los derechos de Cosco debido a la fiscalización del regulador.

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