Alquiler

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, ha denunciado que más de 300.000 viviendas han sido expulsadas del mercado de alquiler debido a la gestión del gobierno de Sánchez, generando inseguridad entre propietarios e inquilinos. En su propuesta, el PP se compromete a recuperar esta oferta y construir un millón de casas en una legislatura. Además, plantea movilizar suelo, ofrecer seguridad jurídica y facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes mediante incentivos fiscales. Bravo critica también la estrategia de Yolanda Díaz respecto al Salario Mínimo Interprofesional y aboga por medidas fiscales que alivien el coste de vida, así como por una reforma del sistema tributario que mejore la relación entre Hacienda y los ciudadanos.

Tens of thousands of people protested in Madrid, Spain, over the ongoing housing crisis, with estimates of participants ranging from 70,000 to 500,000. Demonstrators have been camping at Puerta del Sol for several days, expressing their frustration over rising rents and inadequate government measures. Protesters like Marcos Sainz highlighted the unaffordability of housing, stating that a one-bedroom flat now costs around 1,000 euros. The Madrid Tenants' Union is calling for a general strike, arguing that current legislative proposals do not address the severity of the crisis affecting the working class.

El portavoz del Partido Popular, Sémper, ha calificado de "despropósito en fondo y forma" los recientes decretos de vivienda del Gobierno, advirtiendo que son un "parche" que limitará el acceso a la vivienda para los más vulnerables. En una entrevista, destacó la complejidad del problema de la vivienda y criticó la falta de una política seria que aborde la raíz del asunto. Sémper subrayó la necesidad de construir un millón de viviendas en los próximos años y propuso medidas como agilizar trámites administrativos y fomentar la propiedad. Además, rechazó las medidas actuales del Gobierno, afirmando que perjudican especialmente a los jóvenes y a los desfavorecidos.

Una pensionista española, Abascal, podrá regresar a su hogar tras ser desalojada por una empresa de inversión que aumentó el alquiler de 500 a 2,650 euros mensuales. A pesar de las ofertas de reducción del alquiler, Abascal no podía cubrir los costos con su pensión de 1,350 euros. Su situación provocó protestas masivas en Madrid, donde miles exigieron mayores protecciones para los inquilinos ante la crisis de vivienda y el aumento desmedido de los alquileres.

El Partido Popular (PP) ha denunciado un déficit de 750.000 viviendas en España entre 2021 y 2025, según el último informe del Banco de España. El PP critica al Gobierno de Sánchez por la paralización de los avales del ICO, que prometían facilitar el acceso a la vivienda, y exige la tramitación urgente de su Ley del Suelo para abordar la crisis habitacional. Además, el partido señala que la falta de acción efectiva del Ejecutivo ha generado frustración entre los potenciales beneficiarios y ha contribuido al aumento de precios en el mercado inmobiliario. La situación se agrava con un incremento del 40% en los alquileres y del 64% en los precios de compra desde que Sánchez asumió el cargo. El PP propone un plan para construir un millón de casas durante la legislatura, buscando simplificar la burocracia y garantizar seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha afirmado en un encuentro con jóvenes en la UC3M de Getafe que el Partido Popular se compromete a establecer "orden, humanidad y legalidad" en la inmigración. Muñoz destacó la importancia de que los inmigrantes lleguen a España con un contrato de trabajo y propuso devolver a sus países de origen a aquellos que cometan delitos. También criticó las políticas del Gobierno actual, acusándolo de fomentar la okupación ilegal y cuestionó las inconsistencias en los anuncios sobre construcción de viviendas por parte de Pedro Sánchez. Además, expresó confianza en que se formarán gobiernos de derechas en comunidades donde hay demanda para ello.

El Partido Popular ha solicitado en el Parlamento Europeo una ley de vivienda que facilite la construcción mediante licencias más ágiles y menores impuestos, distanciándose del enfoque populista promovido por la izquierda. Durante un debate sobre la propuesta de ley de vivienda asequible impulsada por Teresa Ribera, el PP criticó las políticas intervencionistas del Gobierno español, que han llevado a un aumento significativo en los precios de compra y alquiler. El eurodiputado Borja Giménez Larraz destacó la necesidad de aumentar la oferta de viviendas y propuso medidas como movilizar suelo y reducir la burocracia para abordar la crisis habitacional en Europa. Además, se enfatizó la importancia de crear incentivos fiscales para ayudar a los jóvenes a acceder a su primera vivienda.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, ha afirmado en el Congreso que su partido no fallará a los españoles en el acceso a la vivienda. Destacó que "la vivienda no se abarata con decretos, se abarata con más viviendas" y criticó al Gobierno por sus políticas que han afectado negativamente al mercado inmobiliario. Bravo subrayó que muchos ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a una casa y propuso un plan del PP que incluye la construcción de un millón de viviendas en 48 meses. También advirtió sobre el impacto negativo de las nuevas medidas gubernamentales en los inquilinos más vulnerables y abogó por ampliar la oferta de vivienda como solución.

El gobierno de coalición de España ha aprobado nuevas medidas de vivienda, incluyendo una prohibición de desalojos hasta 2030, tras las protestas por el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid. La ministra de Salud, Mónica García, anunció que estas medidas beneficiarán a más de cinco millones de personas. Las propuestas incluyen la prórroga de contratos hasta 2028 y regulaciones más estrictas sobre alquileres a corto plazo. Sin embargo, la oposición critica que los pequeños propietarios no están protegidos adecuadamente. El gobierno busca la aprobación del Congreso para implementar estas reformas en un plazo de 30 días.

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, critica al Gobierno por el aumento de la inseguridad en Ceuta, afirmando que la situación ha empeorado significativamente. En una rueda de prensa, destacó que los problemas de seguridad ciudadana se han multiplicado drásticamente en el último año. Sémper advirtió que la política social de Marruecos no puede ser ignorada y exigió responsabilidades al Gobierno por su gestión. También mencionó que el Parlamento Europeo debatirá sobre la situación en Ceuta, donde el PP buscará condenar el asalto a la frontera sur de Europa. Además, criticó la falta de acción del Gobierno ante la crisis habitacional y cuestionó la efectividad de sus políticas.

Apple ha introducido un nuevo programa en Estados Unidos que permite a los usuarios alquilar iPhones en lugar de comprarlos. Esta iniciativa surge en medio de una crisis económica y busca ofrecer una alternativa más accesible para los consumidores. Con esta opción, Apple cambia las reglas del juego en el mercado de dispositivos móviles, facilitando el acceso a su tecnología sin la necesidad de realizar una compra directa.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha calificado de "disparate" la decisión del Gobierno de exigir a los propietarios de viviendas okupadas que tributen por ingresos de alquiler no percibidos. En un acto en Benalmádena, criticó que los caseros deben asumir gastos como luz y agua, mientras el Gobierno les responsabiliza por las familias vulnerables. También recordó la paralización de la Ley Antiokupación en el Congreso y cuestionó las promesas de vivienda del Ejecutivo. Bendodo destacó la gestión del presidente andaluz Juanma Moreno frente a la oposición, resaltando un camino de éxito en Andalucía desde 2018.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha admitido que el Ejecutivo comunitario no regulará los precios de alquiler y compra en su próximo Plan Europeo de Vivienda Asequible. Esta declaración se produce tras una pregunta de eurodiputados del Grupo PPE, quienes criticaron la falta de medidas para abordar las necesidades del mercado inmobiliario. Ribera aclaró que no se implementarán topes a los precios, lo que contrasta con las políticas intervencionistas del Gobierno español de Pedro Sánchez. Eurodiputados como Borja Giménez Larraz y Maravillas Abadía celebran esta decisión y abogan por un enfoque que priorice el aumento del parque inmobiliario y la seguridad jurídica para propietarios. Además, Abadía enfatiza la necesidad de centrar el plan en jóvenes y familias para facilitar su acceso a la vivienda.