regularizacion masiva

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha expresado preocupaciones sobre la regularización masiva de inmigrantes en España, señalando que el Tribunal Supremo ha planteado dudas sobre su conformidad con la legislación europea. Gamarra destacó que cuando España regulariza, afecta a toda Europa y subrayó la necesidad de conocer los antecedentes penales de los solicitantes. También criticó al presidente Sánchez por utilizar la política internacional para ganar votos y cuestionó la capacidad de España para gestionar esta regularización, que podría afectar a más de un millón y medio de personas, superando las estimaciones iniciales del Gobierno. Gamarra aboga por una inmigración legal y ordenada, en contraposición a las políticas actuales que benefician a las mafias.

Elías Bendodo, vicesecretario del PP, ha instado al Gobierno a reforzar los controles del padrón municipal para evitar que se convierta en un "coladero" de inmigrantes y prevenir empadronamientos fraudulentos. Durante la Comisión de Política Territorial del Congreso, defendió una Proposición no de Ley que busca dotar a los ayuntamientos de herramientas para cruzar datos con otras instituciones y garantizar una gestión más rigurosa. Además, exigió la detención inmediata de un proyecto de regularización masiva de inmigrantes, argumentando que este proceso se ha llevado a cabo sin la debida comunicación con las autoridades europeas y sin el apoyo necesario de las administraciones locales. Bendodo enfatizó la importancia de establecer un control efectivo sobre la inmigración y asegurar que quienes lleguen a España lo hagan con buenas intenciones y respeto por las costumbres locales.

El Parlamento Europeo ha advertido al Gobierno de España sobre las implicaciones de la regularización masiva de migrantes en situación irregular, señalando que puede generar un "efecto llamada" y aumentar la presión migratoria, poniendo en riesgo la seguridad y la cohesión social. En un informe crítico, se destaca que estas decisiones no deben ser unilaterales y deben respetar el principio de cooperación entre Estados miembros. Además, se relaciona esta política con el incremento de llegadas irregulares y una mayor mortalidad en rutas peligrosas como la atlántica hacia Canarias. La Eurocámara también ha expresado su preocupación por la fiabilidad de los sistemas de identificación de migrantes, especialmente menores, instando a reforzar los mecanismos para evitar fraudes documentales.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, afirmó que "la nacionalidad española no se regala, se gana" durante un debate sobre la regularización masiva de inmigrantes. Cuestionó al Gobierno sobre su política migratoria y advirtió sobre las posibles consecuencias de una llegada masiva de inmigrantes irregulares, destacando la presión que esto podría ejercer sobre los servicios públicos y la escasez de vivienda en España. Muñoz defendió que los inmigrantes deben venir a trabajar y rechazó cualquier equiparación entre el PP y Vox, enfatizando que el Partido Popular está alineado con los intereses de los españoles.

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha exigido la dimisión de Francina Armengol, presidenta del Congreso, tras un informe de la UCO que revela su implicación en una trama de corrupción en Baleares. Tellado sostiene que durante la pandemia, Armengol facilitó contratos millonarios por mascarillas defectuosas y critica su falta de transparencia sobre sus relaciones con los involucrados en el escándalo. Además, denuncia que su permanencia como tercera autoridad del Estado es una indignidad y llama a su comparecencia ante los juzgados. La situación política en Baleares se ve afectada por estas acusaciones, mientras el PP busca fortalecer su posición en la región.

El Partido Popular (PP) ha manifestado su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno prevé aprobar. En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, aseguró que utilizarán todos los recursos políticos y jurídicos disponibles, tanto a nivel nacional como europeo, para combatir lo que consideran una "barbaridad". Ezcurra destacó la importancia de regularizar a quienes cumplen con la ley y advirtió sobre las consecuencias negativas de premiar la irregularidad. Además, criticó al Gobierno por su falta de transparencia respecto a los beneficiarios de esta medida. La postura del PP se alinea con el rechazo expresado por diversas instituciones y comunidades autónomas.

Ana Alós, portavoz adjunta del GPP, ha instado al Gobierno español a cumplir con la ley y ejecutar las órdenes de expulsión para evitar que España sea el "eslabón débil" en Europa en materia de inmigración. En un debate reciente, destacó que solo se ejecutan siete de cada 100 órdenes de expulsión emitidas, lo que representa un fracaso estructural. Alós criticó la regularización masiva de inmigrantes irregulares promovida por el Gobierno, argumentando que esto socava la seguridad jurídica y perjudica tanto a ciudadanos españoles como a quienes han migrado legalmente. Además, pidió cambios legislativos para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves y propuso reforzar la cooperación judicial y policial para mejorar los procesos de retorno. La política migratoria de España necesita ser más efectiva y organizada, según Alós.