En el debate en Pleno de la Proposición no de Ley del GPP
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha denunciado que España apenas ejecuta siete de cada 100 órdenes de expulsión emitidas, a pesar de que entre enero y septiembre de 2025 se notificaron más de 41.000 órdenes. Este hecho, según ella, no es un simple error aislado, sino un fracaso estructural que envía un mensaje alarmante: “en España incumplir la ley sale gratis”.
Asimismo, advirtió que “España no puede ser el país que emite órdenes sin cumplirlas y convierte la irregularidad en una vía para la regularización automática”. En este sentido, subrayó que mientras a los ciudadanos españoles se les exige un certificado negativo de antecedentes penales para acceder a ciertos empleos públicos, aquellos que han entrado o permanecido ilegalmente en el país pueden regularizar su situación con una mera manifestación unilateral.
Críticas a la regularización masiva
“¿De verdad creen que eso refuerza la seguridad jurídica? ¿Que eso protege a los españoles y también a los inmigrantes que sí cumplen las normas?”, cuestionó sobre una regularización que considera injusta tanto para los ciudadanos españoles como para quienes han llegado legalmente y han esperado años por trámites burocráticos interminables.
La portavoz del GPP también hizo hincapié en cómo “mientras nuestros socios europeos endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos”, lo cual podría convertir al país en un “coladero” dentro del espacio Schengen. Esta situación es aprovechada por las mafias, según sus palabras.
Propuestas legislativas y cooperación internacional
Aparte de exigir una ejecución efectiva de las órdenes de expulsión, instó al Gobierno a implementar cambios legislativos necesarios para deportar a extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes, especialmente aquellos relacionados con delitos contra la libertad sexual.
Un llamado a una política migratoria coherente
También solicitó reforzar la cooperación judicial y policial para acortar plazos en los procesos de expulsión y revisar acuerdos con países de origen y tránsito. Esto incluiría consecuencias diplomáticas o económicas si estos países no colaboran en las readmisiones. Además, propuso aumentar los recursos humanos y tecnológicos disponibles para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) y mejorar la cooperación con Frontex.
“Esto no va sobre humanidad frente a firmeza; se trata del Estado de Derecho”, afirmó. Las propuestas presentadas son coherentes con el nuevo Reglamento de Retorno propuesto por la Comisión Europea. Este reglamento es vinculante para todos los Estados miembros e impone que quienes reciban una orden de salida efectivamente abandonen la Unión Europea.
Desafíos futuros para España
La portavoz planteó interrogantes cruciales: “¿Qué credibilidad tendrá España cuando este reglamento entre en vigor si solo ejecuta el 7% de sus órdenes de expulsión? ¿Cómo podremos participar en un sistema basado en el reconocimiento mutuo si nuestras decisiones no se cumplen?” Estas preguntas reflejan las preocupaciones sobre cómo otros Estados miembros confiarán en España si continúa fallando en este aspecto.
Finalmente, enfatizó la necesidad urgente de establecer una política migratoria estatal, caracterizada por una autoridad única, control efectivo de fronteras y criterios claros para cualquier tipo de regularización individualizada. “El Gobierno no puede seguir trasladando a comunidades y ayuntamientos los costos derivados de su improvisación”, concluyó.
Si (
No(
Traductor
