En el programa En boca de todos de Cuatro, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha expresado su preocupación por las recientes declaraciones del Tribunal Supremo. Este organismo ha planteado diversas cuestiones prejudiciales que cuestionan si la regularización masiva de inmigrantes es compatible con la legislación europea. Gamarra subrayó que “cuando un país como España regulariza, regulariza Europa”, lo que implica una necesidad de adaptación y cumplimiento de los compromisos europeos.
Sobre la solicitud de Begoña Gómez para recuperar su pasaporte y asistir a la próxima Cumbre de la OTAN, Gamarra hizo hincapié en la importancia de “respetar los procedimientos judiciales”. Además, destacó que el enfoque principal de esta cumbre debe ser la postura del presidente del Gobierno respecto a las “alianzas” y compromisos internacionales: “Lo que realmente importa es la agenda de la OTAN y que defendamos una posición acorde con nuestros aliados europeos”.
Dudas sobre la política internacional
Gamarra criticó al presidente Pedro Sánchez por utilizar la política internacional con fines electorales en lugar de actuar como un aliado serio y responsable. Recordó que durante la última cumbre de la OTAN, Sánchez se comprometió a aumentar el gasto en Seguridad y Defensa hasta el 5% del PIB, solo para luego anunciar lo contrario: “Esto penaliza a España”.
La vicesecretaria también exigió un análisis riguroso sobre los efectos de la llamada ‘Ley de Nietos’, ya que se estima que podría afectar a más de 2,5 millones de personas. Defendió al Partido Popular como un partido “vigilante” frente a las decisiones del Gobierno: “Hay un impacto directo en el censo”, afirmó.
Preocupaciones por la regularización masiva
Cerca del cierre del plazo para la regularización masiva de inmigrantes, Gamarra señaló que las cifras han superado las expectativas iniciales del Gobierno. Mientras se hablaba inicialmente de 500.000 personas, ahora se estima que podrían ser alrededor de un millón y medio. Ante esta situación, cuestionó si España tiene realmente “capacidad” para gestionar tal regularización.
Asimismo, reiteró la petición del PP para conocer los antecedentes penales y policiales de los solicitantes, así como su situación judicial: “Es fundamental saber quiénes son estas personas y qué contratos tienen”, enfatizando que esto es crucial para evitar frustraciones entre los inmigrantes.
Finalmente, Gamarra abogó por una inmigración legal y ordenada, enfocándose en aquellos que vienen a trabajar y colaborar por vías legales. Criticó duramente la política actual del Gobierno en materia migratoria, argumentando que favorece a las mafias que lucran con esta situación, poniendo en riesgo vidas humanas durante su travesía hacia Europa.
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