hugo chavez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido capturado por las fuerzas estadounidenses en una operación militar que incluyó ataques aéreos en Caracas. El presidente Donald Trump anunció que Maduro y su esposa fueron trasladados a EE. UU., donde enfrentan cargos de narcotráfico y posesión de armas. La operación, denominada "Operación Resolución Absoluta", fue planificada durante meses y se llevó a cabo con la ayuda de inteligencia interna. Las explosiones en Caracas coincidieron con la captura, lo que llevó al gobierno venezolano a declarar un estado de emergencia. La respuesta internacional ha sido variada, con aliados de Venezuela condenando los ataques y otros países apoyando el cambio de régimen. Trump afirmó que EE. UU. "administrará" Venezuela hasta lograr una transición segura y mencionó que las empresas petroleras estadounidenses entrarían al país para reconstruir su infraestructura y aprovechar sus recursos naturales.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que "no habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero", en respuesta a las acusaciones de Estados Unidos sobre la expropiación de recursos energéticos. Durante una interacción en redes sociales, destacó la importancia de la soberanía petrolera y rechazó las afirmaciones del asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Stephen Miller. Rodríguez recordó que la primera empresa petrolera del país fue fundada por venezolanos y advirtió que Venezuela no volverá a ser colonia energética. La declaración se produce en un contexto de tensiones con EE.UU., que ha intensificado sus acciones militares en el Caribe y ha impuesto bloqueos a los buques petroleros venezolanos.

La inteligencia de EE. UU. contradice las afirmaciones de Trump sobre el tráfico de fentanilo desde Venezuela, confirmando que el país no es un productor significativo de esta droga. Esto plantea dudas sobre la justificación para los recientes ataques militares dirigidos a supuestos traficantes de drogas. Críticos sugieren que estas acusaciones son una tapadera para intensificar acciones militares contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, un objetivo histórico de cambio de régimen por parte de EE. UU. Además, se informa que el secretario de Estado Marco Rubio está impulsando una política agresiva hacia Venezuela, redirigiendo fondos destinados a ayuda humanitaria hacia preparativos militares. La situación genera preocupaciones sobre la repetición de errores pasados en intervenciones estadounidenses bajo pretextos dudosos.

Sandra Lazo, la nueva ministra de Defensa Nacional designada por Yamandú Orsi, ha generado controversia al confirmar nombramientos políticos en el Ministerio de Defensa, lo que ha provocado descontento entre oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. Los nuevos designados son militantes de comités de base sin experiencia en temas militares, lo que ha llevado a críticas sobre su idoneidad para manejar asuntos de defensa nacional. Esta situación recuerda a tácticas políticas similares empleadas en otros países latinoamericanos para influir en las fuerzas armadas. La preocupación radica en que estos cambios podrían politizar y debilitar la profesionalidad de las Fuerzas Armadas uruguayas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha propuesto una reforma constitucional para 2025 con el objetivo de democratizar el Estado y la sociedad, dejando atrás la democracia representativa. En una entrevista reciente, Maduro destacó que esta reforma busca profundizar la Revolución Bolivariana y otorgar mayor poder a la ciudadanía. La iniciativa incluye un proceso de consulta popular y un referéndum para validar los cambios, enfatizando la importancia del poder comunal y la democracia directa. Esta transformación política se enmarca en un modelo de "democracia vecinal" y "comunitaria", buscando construir un nuevo Estado moderno que elimine la burocracia y fomente la participación ciudadana. Para más detalles, visita el enlace.

Chevron ha reducido el precio del crudo venezolano vendido a refinerías estadounidenses tras la incautación de un petrolero sancionado por fuerzas estadounidenses. Esta acción es parte de una renovada campaña de presión de la administración Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, buscando aislar financieramente a Venezuela. A pesar de las tensiones, Chevron continúa sus operaciones en el país, pero la reducción de precios refleja su vulnerabilidad ante los cambios geopolíticos. La incautación del buque "Skipper" y las nuevas sanciones intensifican la inestabilidad en el mercado energético, afectando la capacidad exportadora de PDVSA y generando reacciones negativas desde Caracas. Este desarrollo marca un retorno a una política de "máxima presión" que busca debilitar las finanzas del régimen venezolano mediante sanciones energéticas.

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, advirtió a Estados Unidos que no se llevará "ni una gota de petróleo" tras el asalto militar estadounidense a un buque petrolero en las costas venezolanas. En una rueda de prensa, enfatizó que el petróleo debe ser pagado y acusó a EE.UU. de intentar robar recursos estratégicos como el crudo, oro y gas. Este incidente forma parte de un despliegue militar significativo por parte de EE.UU. en el Caribe desde agosto, justificado como parte de la lucha antidrogas. Cabello denunció que las acciones estadounidenses buscan un cambio de régimen para apoderarse de las riquezas energéticas de Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha acusado a la USAID de financiar el ciberataque contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En una entrevista, Rodríguez afirmó que el ataque buscaba manipular los resultados electorales y que María Corina Machado, opositora al gobierno, recibió fondos directamente de USAID para llevar a cabo esta conspiración. Además, mencionó que grandes magnates de las redes sociales también contribuyeron a financiar acciones en contra del gobierno venezolano. Esta denuncia se enmarca en un contexto de tensiones políticas y acusaciones mutuas entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Para más detalles, visita el enlace.

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, ha intensificado sus ataques contra el periodista independiente Javier Negre y La Derecha Diario, buscando desacreditar voces críticas que cuestionan sus vínculos con regímenes autoritarios. Iglesias ha sido señalado por su intolerancia hacia la prensa no alineada y por haber instigado escraches en el pasado. A pesar de estos ataques, Negre se mantiene firme en su defensa de la libertad de expresión y continúa denunciando la corrupción del gobierno español. Este conflicto resalta la importancia del periodismo independiente en una democracia sana, donde los medios deben operar sin temor a represalias políticas.