La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rumanía ha presentado cargos contra un empresario y su empresa por fraude relacionado con la adquisición de equipos de construcción financiados por la UE. El acusado, representante legal de una compañía del sector de la construcción, solicitó fondos para comprar maquinaria, pero ocultó que su madre ocupaba un alto cargo gubernamental, lo que comprometía la imparcialidad del proceso. Se estima que obtuvo ilegalmente alrededor de 365,000 euros. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre dos y siete años de prisión. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Para más detalles, visita el enlace.
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