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Activistas de derechos humanos se oponen al tratado de cibercrimen propuesto por las Naciones Unidas, temiendo que pueda convertirse en una alianza global de vigilancia digital que ponga en riesgo la privacidad de los datos y los derechos humanos. Las negociaciones del tratado han generado controversia debido a preocupaciones sobre la vigilancia transfronteriza y las restricciones a la libertad de expresión en línea. La Electronic Frontier Foundation aboga por agregar cláusulas que protejan los derechos humanos y limiten la recopilación de información. También se critica el uso de preocupaciones sobre seguridad infantil como excusa para ampliar la vigilancia y restringir las comunicaciones cifradas.