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Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional condena a 20 años de cárcel a una exdirigente de ETA por el asesinato a un policía en 1990 tras la repetición del juicio. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha dictado esta sentencia después que el Tribunal Supremo ordenara repetir el juicio contra los tres miembros de la organización terrorista al considerar que los hechos no estaban prescritos.

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en las localidades guipuzcoanas de Irún y Ondarribia a dos personas de nacionalidad rusa y ucraniana por su presunta participación en un delito de contrabando de material de defensa.

El que fuera jefe de ETA recurrió en apelación la decisión de García Castellón alegando que los hechos que se le atribuyen datan del año 1997 y el procedimiento no se dirige contra él hasta la presentación de la querella en 2022, por lo que habrían transcurrido 24 años, superando el plazo de prescripción de 20 años establecido en el Código Penal.

La Audiencia Nacional relata a lo largo de la sentencia cómo se produjo el asesinato del concejal, por el que ya han sido condenados otros seis miembros de ETA, y cómo, tras la detención del resto de implicados, el acusado, Asier Ezeiza, huyó a Francia, en donde permaneció hasta producirse su entrega por parte de las autoridades galas en enero de 2020.

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel por un delito de integración en organización criminal a tres hermanos que conformaron una célula de adoctrinamiento yihadista en Badalona y que incitó a un hombre a viajar a Siria para combatir y resultó muerto en un bombardeo.

La Audiencia Nacional ha acordado hacer efectiva la entrega del militar venezolano reclamado por Estados Unidos tras la denegación de asilo. En una providencia, los magistrados acuerdan que el reclamado quede a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional.

El juez concluye que los hechos no se pueden tipificar como delito de encubrimiento del artículo 541.3 del Código Penal.

En línea con el informe emitido por la Fiscalía, el juez José Luis Calama entiende que procede la libertad sin fianza por cuanto no existe un riesgo actual de destrucción de fuentes de prueba.

La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Vilafant (Girona), a un fugitivo de la justicia de Rumanía, donde estaba condenado a una pena de 17 años de prisión por un delito de asesinato.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado el ingreso en prisión incondicional del ciudadano marroquí detenido por el ataque yihadista cometido el pasado miércoles en Algeciras (Cádiz) en el que asesinó supuestamente a un sacristán e hirió a otras cuatro personas.

De acuerdo con lo relatado, el acusado “fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del presiente del Gobierno, para lo cual se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo”.

La Audiencia Nacional condena a 23 personas en la pieza Gürtel Boadilla y, además, al Partido Popular como responsable a título lucrativo en la cantidad de 204.198,64 euros que el Grupo Correa gastó en beneficio del mismo con los fondos ilícitos obtenidos con la actividad delictiva durante las precampañas y campañas municipales de los años 2003 y 2007.

El juez concluye sin procesamiento la causa por genocidio contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. En el auto, el magistrado cumple así con lo establecido por la Sala de lo Penal en el sentido de que, al tratarse de un delito de genocidio, la causa debe tramitarse como sumario y no como procedimiento abreviado.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, sus 7 hijos y otras 11 personas, entre ellas, la exmujer de Jordi P.F., Mercé G., o los empresarios Luis D.H., Carlos S.C. y Carlos V. por hechos tipificados como delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, 7 delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución.