La Audiencia Nacional ha acordado hacer efectiva la entrega del militar venezolano reclamado por Estados Unidos tras la denegación de asilo. En una providencia, los magistrados acuerdan que el reclamado quede a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional.
El juez concluye que los hechos no se pueden tipificar como delito de encubrimiento del artículo 541.3 del Código Penal.
La Audiencia Nacional ha condenado a la miembro de ETA Soledad I., alias ‘Anboto’ a 46 años de prisión por dos asesinatos frustrados y un delito de estragos por la colocación el 21 de mayo de 1987 de una bomba en la puerta de un bar, en la localidad guipuzcoana de Escoriaza.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechaza los primeros 7 recursos de apelación presentados por las 46 personas físicas y otras 5 jurídicas que fueron procesadas por la juez María Tardón el pasado 18 de diciembre.
Finalmente 45 personas han sido procesadas por la creación de una red para blanquear dinero que conseguían a través de la droga. Destacan entre los nombres Gonzalo Boye, abogado cercano a Carles Puigdemont y Quim Torra, y a quien ya el periodista y escritor Joaquín Abad señaló en su libro, 'La red secreta de Soros en España', como uno de sus protegidos; también José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, entre otros.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza del caso Gürtel contra un total de 26 personas físicas, entre ellas Francisco Correa y Pablo Crespo, a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros. La suma total de las fianzas impuestas por multas a los acusados asciende a más de 199 millones de euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación y que le sitúan en una situación de indefensión y de descrédito profesional.
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El juez concluye sin procesamiento la causa por genocidio contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. En el auto, el magistrado cumple así con lo establecido por la Sala de lo Penal en el sentido de que, al tratarse de un delito de genocidio, la causa debe tramitarse como sumario y no como procedimiento abreviado.
El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, sus 7 hijos y otras 11 personas, entre ellas, la exmujer de Jordi P.F., Mercé G., o los empresarios Luis D.H., Carlos S.C. y Carlos V. por hechos tipificados como delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, 7 delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución.
El juez explica que la diligencia interesada “no resulta procesalmente pertinente en este momento, toda vez que este instructor está pendiente de recibir el resultado del informe interesado en resolución de 1 de marzo de 2021, conforme a lo ordenado por el Tribunal Supremo en el auto de 27 de enero de 2021.
Las autoridades españolas emitieron una orden de detención contra él en 2008. En 2013, fue imputado por la justicia española y en 2016, la Audiencia Nacional lo cito en calidad de investigado, pero no estaba en España.
La decisión ha sido adoptada por unanimidad por el Pleno de la Sala Segunda del alto tribunal, que ha acordado que la Audiencia Nacional vuelva a juzgar el 'caso Bateragune', lo que implica a Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, y a otros cuatro dirigentes abertzales.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero, a la intendenta Teresa Laplana, al exdirector del Cuerpo Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig por los sucesos ocurridos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y la jornada del 1 de octubre relacionados con el proceso independentista.
En un auto, el Tribunal explica que en este caso no concurren las razones de especial urgencia que exige la doctrina para adoptar una suspensión en este caso del Acuerdo y de la Orden Ministerial sin oír a la otra parte, la Abogacía del Estado.
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