Las explicaciones de Cunill en el Consell General habrían evidenciado que en BPA "no había blanqueo masivo" como Espot se encargó de manifestar en algunas entrevistas ya como máximo responsable del ejecutivo. Asimismo, el transcurso de las acciones adoptadas por el Gobierno de Andorra ya desde antes del estallido de la nota del FinCEN evidenciarían, a tenor de lo expuesto de una querella interpuesta la semana pasada, que hubo voluntad de criminalizar desde la administración pública BPA y que esa persecución se mantiene con la presencia del Gobierno como acusación particular en la causa general del 'caso BPA' y en otras múltiples derivadas.
Según ha podido saber el Altavoz , una de las principales acusaciones que Cierco formula contra Espot -a quien se corresponsabiliza de varias acciona ya desde su anterior cargo de ministro de Justicia e Interior-, es la de tráfico de influencias. Y tiene su base en una modificación esencial que se hizo en la transposición de la directiva europea que dio pie a la denominada 'ley AREB' o 'ley BPA' . Dicha modificación, considera el querellante, era un ataque directo a la familia Cierco al tiempo que suponía un beneficio claro para la familia del actual jefe de Gobierno, que quedaba liberada de determinadas responsabilidades.
La última versión de la nueva ley -mantendría la querella según fuentes que han tenido acceso a ella- habría aprovechado “para incorporar otros aspectos muy particulares y diferenciadores. Igualmente lo es el apartado a) del punto 2 del artículo 36, resultante de las últimas enmiendas practicadas por el Gobierno (entre los días 26 de marzo y 2 de abril), según el cual pasan a considerarse subordinados los pasivos de accionistas: “…que tengan como mínimo, directa o indirectamente, una participación del 10% del capital de la entidad en resolución, individual o conjuntamente con sus cónyuges, miembros de unión estable de pareja o personas con las que convivan con análoga relación de afectividad, ascendientes, descendientes y hermanos de estos accionistas y de sus cónyuges”.”
El articulado en cuestión, según se desprendería de los hechos expuestos en la querella entrada este jueves en la Sede de la Justicia, “sirve descaradamente para exonerar de amortizar y recapitalizar a los accionistas que tenían menos de un 10% del capital de BPA. Discriminación inaceptable en perjuicio de unos y beneficio de otros. Tanto el INAF, como el Gobierno y mayormente el señor Espot, sabían perfectamente que sólo la sociedad Sucessors de Higini Cierco SA y la familia Cierco, tenían más del 10% del capital. Al verificar el registro de sociedades se puede comprobar que la familia Zamora Bonet del señor Espot, ministro del Gobierno que promovió la ley, es una de las beneficiarias de esa arbitraria y discriminatoria excepción. Actuación que puede ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias” .
Éste es un elemento esencial en la querella de más de veinte páginas presentada. El texto legal repasa muchos hechos acaecidos ya antes de marzo de 2015, como la advertencia americana a toda la plaza financiera andorrana por discrepancias con su funcionamiento o la aparición de noticias en España en relación a depósitos de la familia Pujol en la banca andorrana. Se hace una secuencia de hechos para dejar claro que la 'ley AREB' en modo alguno pudo ser hecha en 23 días, explicando que hay certificaciones que evidencian que el encargo del asesoramiento legal para la redacción de la ley en un reputado despacho de abogados español se hizo teóricamente con posterioridad a la aprobación del proyecto legislativo. Dichas maniobras, apunta la querella, podrían ser constitutivas del delito de prevaricación.
Repasa la acción judicial, por ejemplo, la actuación del Gobierno y de las demás instituciones u organismos de él dependientes en relación con el 'notice' del FinCEN y el hecho voluntario de la administración de no presentar ninguna alegación en favor de la ya intervenida BPA y expone cómo los casos citados ya estaban siendo investigados debidamente por las autoridades judiciales, españolas o andorranas, y no había nada nuevo. Y lamenta manifestaciones y actuaciones del Gobierno y varios de sus miembros -Cinca, el propio Espot- para avalar supuestas actuaciones de BPA en relación con dinero procedente de terrorismo y otros que nunca se han podido probar y que ni siquiera aparecen en las causas que se están investigando.
También considera la querella que Xavier Espot es “indirectamente responsable de la decisión de BPA, SAU (vía AREB, accionista único, entidad bajo la dependencia política y orgánica del Govern) de interponer una demanda civil contra los señora Cierco, Joan Pau Miquel y otros, todos miembros del consejo de administración de BPA antes del 10 de marzo de 2015, en reclamación de la cantidad de 479 millones de euros. Demanda con dos singularidades en cuanto, por un lado, por oportunidad temporal, queda excluida la señora Anna Maria Zamora Bonet y, por otra, de forma injusta, arbitraria y discriminatoria, la acción va dirigida '...contra todos los administradores, si bien principalmente contra los miembros de la comisión ejecutiva, señores Higini y Ramon Cierco Noguer y Joan Pau Miquel Prats, y sólo subsidiariamente contra todos ellos'.”
El despilfarro de caudales públicos supuesto se mantiene, entre otros, por el hecho de que el ejecutivo que preside actualmente el querellado mantenga el empeño, con decisiones aribitrarias en muchos campos siempre según la querella presentada, de perseguir a BPA y sus antiguos responsables aunque el FinCEN dejó sin efecto su nota o con los indicios o evidencias cada vez más plausible de que el banco andorrano habría sido víctima colateral de la "guerra sucia", se dice en el documento según las fuentes consultadas, contra el independentismo catalán. Y se recuerda el daño que se hizo a cientos de trabajadores y miles de personas que en su día eran depositantes, clientes, de la entidad bancaria.
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