Y es que el Govern "no sólo debe cederle un terreno público de 36.000 metros cuadrados a Ordino para que edifique su polémico laboratorio de investigación y de experimentación de riesgo BSL3 (o P3); también debe protegerla con una larguísima valla, construir los accesos viarios y hacer las acometidas de agua y de electricidad; pagarle 200.000 euros anuales (más el IPC) durante 25 años…", es decir, lo que Reixach considera una "bajada de pantalones literal" ante Grifols.
Pero esta "extorsión consentida" va más allá: el pacto firmado entre la empresa farmacéutica catalana y el Govern de Xavier Espot impone que los organismos que dependen de la administración andorrana "tendrán que consumir, en exclusiva y de forma preferente, el plasma sanguíneo que comercializa Grifols". Algo que quedaría reflejado en el punto 10.2.a del pacto firmado entre los representantes de la multinacional y los del Gobierno andorrano -el jefe de Gobierno y el ministro de Presidencia y Economía, Jordi Gallardo- .
INCITACIÓN A LA PREVARICACIÓN
Bajo el epígrafe “Tratamiento preferencial para Grifols y otros compromisos”, este artículo del pacto dice lo siguiente: “En caso de que, en algún momento, el Gobierno proponga, considere, o de cualquier otra manera decida adquirir regularmente, a través de sí mismo o de terceros, productos o dispositivos (y, especial, productos derivados del plasma) comercializados por Grifols (a través de cualquiera de sus filiales), el Gobierno debe llevar a cabo todos los actos y acciones para conceder a Grifols un trato preferencial que le permita proporcionar, promover, comercializar o suministrar estos productos al Gobierno, con prioridad a cualquier tercero, todo ello de acuerdo con las Leyes Aplicables en cada momento, incluyendo los procedimientos de licitación y otros procedimientos administrativos aplicables, siempre y cuando Grifols haya ofrecido unos términos económicos y legales sustancialmente iguales a los de un tercero y siempre que éste tratamiento preferencial esté permitido conforme a la Ley Aplicable y procedimientos”.
En resumidas cuentas, y tal y como advierte 'La Valira': con esta cláusula del pacto, Grifols está forzando al Gobierno de Andorra a cometer el delito de prevaricación en el proceso de licitaciones y de adjudicaciones públicas para favorecer esta multinacional farmacéutica. "Nunca se había visto una barra similar en las relaciones entre un gobierno democrático europeo y una empresa privada… y, además, con la firma de los dos máximos dirigentes del país".
TOMÀS DAGÀ, EL ABOGADO IMPLACABLE
Pone el foco además en que Grifols tiene unos servicios jurídicos muy buenos y cuenta con un especialista "con los colmillos muy afilados": el abogado Tomàs Dagà, asesor de máxima confianza de la familia y uno de los responsables de la fulgurante expansión que, a partir de 2000, ha experimentado esta empresa catalana.
Dagà, fundador y socio del bufete Osborne Clarke en España, "está bregado en mil batallas societarias y jurídicas" y, leyendo el contrato firmado entre Grifols y el Gobierno de Xavier Espot, queda muy claro que "se ha comido con patatas" la contraparte andorrana y que les ha hecho "bailar descaradamente al sonido que más convenía a los intereses de la multinacional farmacéutica".
"En sentido contrario, este pacto es una humillación en la dignidad del Gobierno y del pueblo de Andorra", lamenta, hasta el punto de que sus dos máximos representantes han aceptado estampar su firma a unos pactos que, en dos de las cláusulas, contienen la expresión textual: “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia”.
"¿Cómo puede firmar un Gobierno unos acuerdos con tan gruesos lapsus? El gabinete jurídico de la administración andorrana ha desempeñado un papel de estraza", remata.
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