El Departamento de Estado de EE.UU. anunció la revocación de las visas de casi 30 funcionarios públicos latinoamericanos, afectando a países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre los sancionados se encuentra el fiscal general boliviano, Roger Mariaca, quien ha sido acusado de involucrarse en «casos de corrupción significativa».
La sanción impuesta a Mariaca no solo le afecta a él, sino también a su familia inmediata, quienes quedan excluidos de poder ingresar al territorio estadounidense. Según el comunicado del Departamento de Estado, el fiscal boliviano «abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudó a criminales violentos a evadir la justicia».
Las acciones del fiscal son vistas como un obstáculo para los esfuerzos del gobierno estadounidense en la lucha contra el narcoterrorismo y ponen en riesgo las instituciones democráticas que Bolivia intenta fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es claro: los funcionarios corruptos y aquellos que protegen a criminales no son bienvenidos en EE.UU.
Sanciones adicionales y contexto regional
El comunicado también señala que estas medidas están dirigidas contra «los funcionarios extranjeros corruptos» que ya no podrán ingresar libremente a EE.UU. Se subraya que estas sanciones cumplen con los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral para defender la gobernanza democrática frente a la corrupción y el narcotráfico, reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas.
Aparte del fiscal general boliviano, se han impuesto restricciones a otras 12 personas, incluidos fiscales y jueces vinculados a casos de corrupción en Bolivia. Entre ellos se encuentran Martin Daniel Irusta Flores, Albania Chane Caballero Saavedra y Alberto Zeballos Flores, entre otros. Además, otros nueve ciudadanos bolivianos han sido declarados inelegibles para recibir visados junto con sus familias.
Impacto en Colombia, Perú y Ecuador
En Colombia, la administración Trump ha revocado visas a un empresario del sector energético y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú. En Ecuador, dos ciudadanos ecuatorianos y sus familias también han sido objeto de sanciones similares. Por otro lado, en Perú, se ha eliminado la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos.
Estas decisiones reflejan una postura firme por parte de EE.UU. hacia la corrupción en América Latina y buscan reforzar su compromiso con la gobernanza democrática en la región.
Si (
No(
Traductor
