El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha declarado que las operaciones estadounidenses en el Pacífico, incluyendo Ecuador, son parte de acuerdos bilaterales con países soberanos. Estas acciones marcan un cambio hacia operaciones combinadas en aguas territoriales, a diferencia de las intervenciones unilaterales en aguas internacionales del año anterior. Recientemente, el Comando Sur llevó a cabo la destrucción de una estación flotante asociada a la organización criminal Los Choneros, como parte de cinco operaciones realizadas en dos semanas. Sin embargo, organizaciones ecuatorianas han denunciado un aumento en los ataques contra pescadores y han solicitado el cese de estas intervenciones.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha declarado que las recientes operaciones de su país en aguas del Pacífico, incluyendo Ecuador, son parte de acuerdos bilaterales establecidos con gobiernos soberanos. En su intervención, Rubio subrayó que estas acciones representan un cambio significativo, ya que por primera vez se llevan a cabo operaciones combinadas en aguas territoriales, a diferencia de las intervenciones unilaterales en aguas internacionales realizadas el año pasado.
Durante este periodo, el Comando Sur ha hundido una supuesta estación flotante asociada a la organización criminal Los Choneros, lo que forma parte de cinco operaciones reportadas en un lapso de dos semanas. Estas acciones han suscitado reacciones en Ecuador, donde diversas organizaciones han denunciado un aumento de ataques contra pescadores locales y han solicitado la suspensión de tales intervenciones.
Cambio en la Estrategia
Rubio enfatizó que estas iniciativas no solo buscan combatir el narcotráfico, sino que también reflejan un compromiso más amplio con la seguridad regional. Las operaciones conjuntas están diseñadas para fortalecer la colaboración entre EE.UU. y los países del área, asegurando así una respuesta más efectiva ante las amenazas del crimen organizado.
A medida que se intensifican estas actividades en el Pacífico, los líderes ecuatorianos y las comunidades afectadas continúan expresando su preocupación por el impacto que estas medidas pueden tener sobre sus vidas y medios de subsistencia. La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos humanos en la región.