El PP impulsa medidas para apoyar a personas con discapacidad y combatir delitos de odio

En la Comisión de Discapacidad

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Comisión de Discapacidad, Violante Tomás, ha conseguido el respaldo del Congreso para una iniciativa que responde a las demandas históricas del colectivo afectado por la poliomielitis y el síndrome postpolio. Esta propuesta busca establecer un registro nacional voluntario, considerado “fundamental” para asegurar una planificación pública eficaz y poner fin a las desigualdades territoriales en la atención asistencial.

Tomás enfatizó la “necesidad urgente” de dar visibilidad a un colectivo cuyas secuelas físicas e inmunológicas pueden reaparecer con el tiempo, limitando gravemente su autonomía diaria. “La polio puede pertenecer al pasado, pero las personas que sobrevivieron a ella son parte de nuestro presente”, subrayó.

Prevalencia de la soledad en personas con discapacidad

Por su parte, la diputada Mercedes Fernández destacó que un estudio de la Fundación ONCE indica que más del 50% del colectivo con discapacidad experimenta soledad, y en el 40% de los casos esta situación se prolonga crónicamente durante más de dos años. Las barreras sensoriales, cognitivas y urbanísticas son factores que contribuyen a esta problemática.

Fernández advirtió que los datos estadísticos carecen de valor si no se traducen en acciones concretas y ejecución presupuestaria real. La aprobación de esta medida implica que el Congreso exige al Gobierno una planificación detallada, con recursos asignados y convenios establecidos con administraciones autonómicas y locales.

Aumento de delitos de odio

El diputado Javier Noriega expuso cifras alarmantes proporcionadas por el Ministerio del Interior, revelando un incremento del 113% en los delitos de odio contra personas con discapacidad durante el último año registrado. Noriega calificó como “obligación democrática y humanitaria” responder institucionalmente ante este aumento inaceptable de amenazas, vejaciones y agresiones físicas dirigidas a este colectivo.

Afirmó que la persistencia de estos incidentes demuestra que el marco penal actual es insuficiente si el Gobierno no implementa políticas preventivas y medidas efectivas de protección en las calles.

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