El PP solicita la comparecencia de Bolaños por recortes que colapsan la Justicia

En el Congreso de los Diputados

El Partido Popular ha presentado una solicitud formal en el Congreso para que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparezca ante la Cámara. Esta petición surge tras la denuncia unánime realizada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que ha puesto de manifiesto la falta de recursos en los tribunales y los recortes implementados por el Gobierno de Sánchez.

Desde el PP se exige al ministro que explique urgentemente las razones detrás de la negativa del Ministerio de Justicia a autorizar fondos para 62 órganos judiciales en todo el país, recursos esenciales para garantizar el funcionamiento diario de estos tribunales y facilitar el acceso a la justicia para los ciudadanos.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha sido la encargada de anunciar esta solicitud y ha criticado lo que considera una “degradación” sistemática de la justicia por parte del Gobierno. Para el PP, es inaceptable este nuevo “choque institucional” generado por las acciones del Ejecutivo y su “campaña de acoso y derribo” contra jueces y tribunales, quienes ahora enfrentan recortes en su financiación.

Consecuencias del colapso judicial

Gamarra cuestiona si esta es realmente la justicia del siglo XXI que prometía Bolaños con su “ley de ineficiencia”, que según ella solo ha servido para aumentar la burocracia y provocar un colapso en los tribunales. En lugar de mejorar la situación, se observa un aumento en los tiempos de espera y un deterioro en el acceso a la justicia.

La falta de financiación y planificación ante la Ley de Eficiencia Judicial ya está mostrando sus efectos negativos en apenas año y medio desde su implementación. En comunidades como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, los tribunales superiores han alertado sobre el colapso provocado por esta ley, evidenciado por cientos de vacantes judiciales sin cubrir y una bolsa de sustitutos agotada. La situación se agrava aún más con la retirada de refuerzos considerados esenciales por el CGPJ y los respectivos tribunales superiores.

Las asociaciones judiciales también han alzado su voz ante esta crisis recurrente, señalando una alarmante escasez tanto de recursos humanos como materiales en los órganos judiciales. Este déficit se ve exacerbado por un incremento constante en la litigiosidad y las nuevas disposiciones introducidas por la Ley Bolaños, que ralentizan aún más los procesos debido a una mayor burocracia.

Cifras preocupantes

Un claro ejemplo del caos judicial es el número creciente de demandas de divorcio pendientes, que ya superan las 17.000. Esta cifra ilustra cómo las decisiones gubernamentales están afectando negativamente a miles de familias que ven paralizados procedimientos cruciales relacionados con temas tan sensibles como la custodia de menores.

Este embotellamiento se debe a la obligación impuesta por acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), una medida estrella del Gobierno que no ha demostrado ser efectiva. En lugar de resolver conflictos mediante acuerdos rápidos, ha añadido un paso adicional al proceso legal, prolongando así los tiempos necesarios para alcanzar resoluciones y aumentando la demanda de recursos humanos y materiales.

En este contexto, Gamarra ha instado al ministro Bolaños a revertir inmediatamente lo que califica como una “nefasta decisión” adoptada mediante la Resolución del 29 de junio. Esta resolución podría deshacer esfuerzos significativos realizados para resolver miles de casos pendientes relacionados con litigios sobre cláusulas abusivas, usura y control normativo dentro del MASC, afectando especialmente a aquellos ciudadanos más vulnerables.

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