El Congreso aprueba medidas del PP para reducir impuestos y endurecer sanciones por armas blancas

El Congreso aprueba medidas del PP contra el infierno fiscal y endurece sanciones por tenencia ilegal de armas blancas

En una sesión plenaria, el Congreso de los Diputados ha dado su apoyo a las iniciativas del Partido Popular (PP) dirigidas a combatir lo que consideran un "infierno fiscal" impuesto por el Gobierno. Entre las propuestas aprobadas se encuentra una Proposición no de Ley que busca aumentar las condenas y sanciones por la tenencia ilegal de armas blancas.

El PP ha logrado avanzar en dos puntos clave de su Moción consecuencia de interpelación urgente, donde se solicita al Ejecutivo la deflacción del IRPF para adecuarlo a la subida de precios y salarios. Esta medida pretende mitigar la pérdida de poder adquisitivo que afecta a los ciudadanos debido a la progresividad en frío del impuesto.

Medidas fiscales y apoyo dividido

Además, el Parlamento ha instado al Gobierno a transponer la Directiva 2020/285, que permitiría establecer un régimen voluntario de franquicia para eximir del IVA a los autónomos cuyos ingresos anuales no superen los 85.000 euros. Este punto generó división entre los socios del Gobierno: mientras que el PSOE se opuso, Sumar votó a favor.

Endurecimiento del control sobre armas blancas

Otra victoria significativa para el PP fue la aprobación, por parte del Parlamento, de su Proposición no de Ley destinada a fortalecer el control sobre las armas blancas. Esta iniciativa surge ante el alarmante aumento de agresiones relacionadas con estos objetos en toda España.

A pesar de la oposición del PSOE y Sumar a cada uno de los siete puntos presentados, la propuesta contempla la creación urgente de un plan integral para frenar el creciente uso de armas blancas en delitos violentos. Entre las medidas incluidas está el incremento en la lista de armas prohibidas, un mayor control sobre las ventas online y una revisión de la legislación relacionada con menores, dado el notable aumento en este tipo de delitos, que han crecido casi un 60% en todo el país, especialmente en regiones como el País Vasco, Cataluña, Madrid y Andalucía.