En la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
La diputada del GPP, Maribel S. Torregrosa, ha expresado su preocupación por la situación del sector primario en España, afirmando que “tras ocho años de Gobierno, ha sido sometido a una constante asfixia”. Según ella, el sector ha sido gravado con “costes, burocracia e incertidumbre”, lo que ha debilitado la rentabilidad de numerosas explotaciones agrícolas.
Torregrosa ha subrayado la “indefensión” de los agricultores frente a las plagas, al no contar con herramientas eficaces para proteger sus cultivos. En este sentido, se refirió al veto a materias activas como el spirotetramat, indicando que “se les está privando de la medicina necesaria” para salvaguardar sus cosechas.
Cuestionamientos al Gobierno
La diputada también criticó la incoherencia del Gobierno al prohibir tratamientos que ya se utilizan en otros países europeos. “No tiene sentido que en España se prohíba un tratamiento que sí se aplica en seis naciones mientras se permite la entrada de productos importados tratados con ese mismo producto”, argumentó.
Además, reclamó una acción urgente con “sentido común” para proteger el campo español, solicitando “autorizaciones excepcionales cuando no haya alternativas eficaces y medidas de apoyo reales” para los sectores afectados por plagas como el pulgón.
El portavoz de agricultura del GPP, Pedro Gallardo, advirtió sobre la crítica situación del campo español debido al aumento de los costes de producción. Alertó que “la energía, el gasóleo y los fertilizantes están asfixiando la rentabilidad de miles de explotaciones”.
Falta de respuesta gubernamental
Gallardo señaló la falta de respuesta del Ejecutivo ante esta crisis: “El Gobierno llega tarde, sin estrategia clara y con medidas claramente insuficientes”. Criticó las ayudas ofrecidas, destacando que los 22 euros por hectárea son una miseria frente al incremento real de costes.
Asimismo, reprochó al Gobierno por dejar desprotegido a un sector estratégico. “Mientras otros países actúan, aquí se abandona a agricultores y ganaderos a su suerte”, lo cual está provocando un aumento en las importaciones, pérdida de competitividad y subida en los precios de los alimentos.
Gallardo exigió medidas urgentes como rebajas fiscales al gasóleo agrícola y fertilizantes, revisión de aranceles en la UE y mayor transparencia en el mercado. Reiteró que “España no puede permitirse dar la espalda a su sector agrario”.
Crisis en el sector pesquero
Por otro lado, la diputada del GPP Ana Martínez Labella acusó al Ejecutivo de excluir a gran parte del sector pesquero. Afirmó que si una norma deja fuera a los afectados, esto no es un problema de ejecución sino de planteamiento. Provincias como Almería han quedado excluidas pese a sufrir pérdidas millonarias.
Martínez Labella criticó el enfoque del Real Decreto-ley, sugiriendo que no está diseñado para beneficiar realmente al sector pesquero y advirtió que criterios como el umbral del 40% están excluyendo a gran parte de la flota artesanal.
Exigió al Gobierno que rectifique y adapte las ayudas a las necesidades reales del sector: “Pedimos ampliar el ámbito territorial y eliminar restricciones injustificadas para asegurar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan”.
Satisfacción limitada con las ayudas
Finalmente, denunció que “la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente en su alcance y diseño”, señalando que de los 10 millones anunciados apenas se ejecutará una parte muy reducida: “Mucho anuncio y poca ayuda real”.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 22 |
Euros por hectárea de ayudas al sector agrario |
| 10 |
Millones anunciados para el sector pesquero |
| 40% |
Umbral que excluye a gran parte de la flota artesanal según el Real Decreto-ley |