Ley

Un nuevo informe de la Alliance for Consumers revela que grupos progresistas están utilizando demandas para imponer políticas de medio ambiente, social y gobernanza (ESG) y diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las corporaciones, eludiendo los procesos legislativos democráticos. Las resoluciones a menudo exigen reformas corporativas sin debate público ni aprobación legislativa, generando ingresos significativos para firmas legales y consultores. Este enfoque ha llevado a un aumento de litigios que buscan transformar la conducta empresarial y las normas sociales mediante la judicialización de políticas que no han logrado implementar a través del voto popular. Ante esta situación, estados liderados por republicanos están introduciendo leyes anti-ESG para contrarrestar lo que denominan "guerra legal woke".

El Primer Ministro de Senegal ha propuesto una ley más estricta contra la comunidad LGBT, que incluye el aumento del tiempo de prisión para quienes sean condenados por delitos relacionados con la homosexualidad. Esta medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y organizaciones internacionales, que critican la creciente represión en el país. La propuesta se enmarca en un contexto de creciente intolerancia hacia la diversidad sexual en Senegal.

Un hombre fue detenido en Nuuk, Groenlandia, tras intentar izar la bandera de Estados Unidos. Este incidente ocurre después de que el Parlamento danés aprobara una ley a finales de 2024 que prohíbe la exhibición de banderas de otros países. La situación ha generado atención mediática y debate sobre las implicaciones legales y políticas en la región.

En 2025, las muertes de policías en servicio en EE. UU. cayeron a 111, la cifra más baja desde la Segunda Guerra Mundial. Las muertes por armas de fuego disminuyeron un 15%, alcanzando un total de 44, el menor en al menos una década. Este descenso se produce en un contexto de mayor atención a la seguridad de los oficiales y apoyo a la aplicación de la ley. A pesar de esta tendencia positiva, datos separados indican un ligero aumento en el número de oficiales disparados en el cumplimiento del deber, lo que sugiere que, aunque las tasas de mortalidad han mejorado, los riesgos persisten. La información destaca la importancia de las políticas y estrategias implementadas para mejorar la seguridad de los agentes y contrarrestar percepciones sobre la violencia contra ellos.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha anunciado que el PP llevará al próximo Pleno un conflicto de atribuciones debido a las más de 30 leyes aprobadas en el Senado que, según ella, la presidenta Armengol mantiene "secuestradas" en el Congreso. Durante una rueda de prensa en el Senado, García criticó al presidente Sánchez por bloquear estas leyes y afirmó que su gobierno está perjudicando a los españoles. Además, mencionó la necesidad de investigar casos de corrupción relacionados con Sánchez y su entorno. La dirigente del PP destacó que si el Congreso no desbloquea las leyes necesarias para el país, llevarán el asunto al Tribunal Constitucional. Para más detalles, visita el enlace.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha anunciado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, será llamado nuevamente a declarar en la Comisión de Investigación. Según García, la Guardia Civil ha indicado que Torres está involucrado en una trama de corrupción y ha mentido sobre sus relaciones con implicados. La comparecencia se produce en un contexto de crisis política tras el anuncio de Junts de bloquear la legislatura. García critica al gobierno de Pedro Sánchez, calificándolo de "farsa" y asegura que la corrupción no debe quedar impune. Además, se espera que otros implicados en casos de fraude también comparezcan ante la comisión.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido la independencia del Ministerio Fiscal, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de poner en peligro la democracia en España. En su intervención sobre la Proposición de Ley del PP para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Gamarra advirtió que el actual Ejecutivo busca desmantelar las garantías constitucionales y controlar la justicia. Criticó los intentos del Gobierno por someter a la Fiscalía a su poder y resaltó la importancia de restablecer su independencia como un compromiso democrático esencial. Gamarra también hizo hincapié en que defender esta independencia no es cuestión de ideologías, sino una necesidad constitucional. Para más detalles, visita el enlace.

Ana Alós, portavoz adjunta del GPP, ha instado al Gobierno español a cumplir con la ley y ejecutar las órdenes de expulsión para evitar que España sea el "eslabón débil" en Europa en materia de inmigración. En un debate reciente, destacó que solo se ejecutan siete de cada 100 órdenes de expulsión emitidas, lo que representa un fracaso estructural. Alós criticó la regularización masiva de inmigrantes irregulares promovida por el Gobierno, argumentando que esto socava la seguridad jurídica y perjudica tanto a ciudadanos españoles como a quienes han migrado legalmente. Además, pidió cambios legislativos para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves y propuso reforzar la cooperación judicial y policial para mejorar los procesos de retorno. La política migratoria de España necesita ser más efectiva y organizada, según Alós.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, De los Santos, ha exigido la dimisión del ministro Marlaska tras la denuncia de violación contra un alto mando policial. Durante su intervención en Espejo Público, subrayó que España no merece a un ministro que encubra actos graves y criticó el uso de un decreto para extender la carrera del acusado, lo que permitió que se produjeran abusos. Además, acusó al PSOE de minimizar la gravedad de la situación y de desproteger a las mujeres. De los Santos concluyó enfatizando la necesidad de aplicar todo el peso de la ley contra quienes abusan de su posición.

Meta ha bloqueado aproximadamente 550,000 cuentas en Australia tras la implementación de una nueva ley que prohíbe a los menores de 16 años tener perfiles en redes sociales como Instagram y Facebook. Esta legislación, considerada la más estricta del mundo, busca proteger a los niños de contenido dañino. Durante la primera semana de cumplimiento, Meta eliminó más de 330,000 cuentas en Instagram y casi 174,000 en Facebook. Aunque la medida es popular entre los padres, expertos advierten sobre la facilidad con que los jóvenes pueden eludir la prohibición y las posibles consecuencias negativas para su conexión social.

El Congreso de Brasil se sumió en el caos mientras los legisladores conservadores intentaban aprobar una ley para reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años por intentar orquestar un golpe tras su derrota electoral en 2022. Durante las tensiones, un legislador de izquierda fue removido por la policía y se produjeron enfrentamientos mientras se intentaba restaurar el orden. La propuesta busca disminuir las penas por delitos relacionados con golpes de estado y liberar a numerosos partidarios de Bolsonaro que asaltaron edificios gubernamentales. A pesar de los esfuerzos, la ley aún no ha sido aprobada y sigue siendo un tema divisivo en la política brasileña. Para más información, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/chaos-in-brazil-congress-during-push-to-cut-bolsonaros-sentence/.

La Knéset de Israel ha aprobado un polémico proyecto de ley que establece la pena de muerte para los "terroristas", lo que podría afectar a palestinos condenados por ataques mortales. La medida fue respaldada por 39 votos a favor y 16 en contra, y generó una celebración del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien repartió baklava en el Parlamento. Esta ley ha suscitado críticas por su posible aplicación desigual entre árabes y judíos. Aunque la pena de muerte está formalmente en la legislación israelí, solo se ha aplicado una vez en la historia. El proyecto será revisado para su aprobación final.

El parlamento francés ha aprobado una enmienda que incorpora el consentimiento a la definición legal de agresión sexual y violación. Anteriormente, estas conductas se definían como cualquier forma de penetración sexual realizada mediante violencia o coerción. Con esta nueva ley, todos los actos sexuales realizados sin consentimiento serán considerados violación. Este cambio legislativo surge tras un debate interpartidista y se intensificó tras el caso de Gisèle Pelicot, donde 50 hombres fueron condenados por violarla mientras estaba inconsciente. La ley establece que el consentimiento debe ser "libre e informado", y no puede inferirse del silencio o la falta de reacción. Activistas celebran esta medida como un avance significativo en la lucha contra la violencia sexual en Francia, alineándose con leyes similares en otros países europeos.

La senadora Rosa Romero ha cuestionado a la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la demora en la financiación de ayudas para los 4.000 enfermos de ELA, recordando que 1.128 personas han fallecido esperando estas ayudas. En el Pleno del Senado, Romero criticó al Gobierno por su falta de acción y priorización de gastos en campañas publicitarias y asesores en lugar de atender las necesidades urgentes de los pacientes. Además, acusó al Gobierno de utilizar el Ministerio como un trampolín electoral y no defender adecuadamente los derechos de las mujeres. La situación es considerada indignante por la senadora, quien insta a una respuesta más efectiva y humana ante esta crisis.