El ICE: Funciones y controversias de la agencia migratoria estadounidense

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es una agencia del Gobierno de Estados Unidos que fue establecida en 2003. Su misión principal es «proteger a EE.UU. mediante investigaciones criminales y la aplicación de las leyes de inmigración, para preservar la seguridad nacional y la seguridad pública», según se indica en su portal oficial.

Con más de 20.000 agentes activos, además de un número indeterminado de personal de apoyo, el ICE cuenta con más de 400 oficinas tanto dentro como fuera del territorio estadounidense. Se considera la «principal agencia de aplicación de la ley del Departamento de Seguridad Nacional» (DHS), encargada de mitigar «las amenazas transnacionales», proteger a la nación y sus ciudadanos, así como regular «la inmigración legal, el comercio, los viajes y los sistemas financieros».

Un papel controvertido en la política migratoria

Bajo la administración del presidente Donald Trump, el ICE se ha convertido en el eje central de una dura política antiinmigrante, enfocándose especialmente en los migrantes indocumentados que son sospechosos de haber cometido delitos en el país.

En el último año, las acciones del ICE han incluido redadas en lugares como escuelas, paradas de autobús, iglesias y hospitales; allanamientos sin orden judicial; detenciones de menores e incluso el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra su actuar. Estas acciones han colocado al ICE bajo un intenso escrutinio público tanto dentro como fuera de EE.UU.

Poderes y limitaciones del ICE

Como parte de las fuerzas federales, los funcionarios del ICE tienen la autoridad para capturar y deportar a individuos sospechosos de ser inmigrantes ilegales. En situaciones públicas, no están obligados a presentar una orden judicial; basta con tener pruebas o una sospecha razonable sobre posibles violaciones a las leyes migratorias estadounidenses.

A pesar de que su enfoque está dirigido hacia migrantes irregulares, el ICE no tiene potestad para arrestar o deportar a ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, alrededor de 170 personas con esta nacionalidad han sido capturadas erróneamente durante las redadas gubernamentales, aun cuando presentaron documentación que confirmaba su estatus legal.

Controversias sobre procedimientos y uso de fuerza

Residentes en ciudades como Los Ángeles han denunciado que los operativos del ICE se basan en perfilamientos raciales, apuntando a personas no blancas. Aunque los tribunales prohíben la entrada sin orden judicial a viviendas o negocios privados, los agentes del ICE frecuentemente logran sortear esta restricción utilizando órdenes administrativas internas, según documentos filtrados por Associated Press.

En cuanto al uso de la fuerza, se exige a los agentes utilizar solo «la fuerza mínima no letal necesaria». Sin embargo, no tienen prohibido recurrir a la fuerza letal si consideran que hay una amenaza inminente para ellos o terceros. No obstante, no pueden emplear fuerza letal simplemente porque un sospechoso esté huyendo o represente un peligro únicamente para sí mismo.

Derecho a documentar las acciones del ICE

A pesar de las advertencias del DHS sobre posibles delitos relacionados con grabaciones durante redadas y detenciones, existe una amplia jurisprudencia en EE.UU. que protege el derecho ciudadano a filmar las actividades policiales. Esto ha permitido que casos como el asesinato de la poeta Renee Good por parte del ICE y el traslado forzado del niño Liam Ramos generen indignación pública y manifestaciones masivas.

Tanto estos incidentes como otros similares han suscitado reacciones contundentes entre figuras políticas estadounidenses y activistas sociales que exigen cambios significativos en las políticas migratorias actuales.

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