prision preventiva

El expresidente peruano Pedro Castillo ha hecho un llamado a los líderes de la región para "ir a la guerra" contra la corrupción y la delincuencia durante una audiencia de su juicio por intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022. Desde el penal de Barbadillo, Castillo invocó a mandatarios como Gustavo Petro de Colombia y otros presidentes sudamericanos a unirse en esta lucha. Sus declaraciones surgen en un contexto de tensión diplomática entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Santa Rosa. Castillo también defendió su inocencia, alegando que es víctima de un secuestro político y criticó a sus opositores. La noticia destaca el impacto político y social de estas declaraciones en medio de un proceso judicial en curso.

Agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) han detenido a un ciudadano ruso que planeaba llevar a cabo un atentado terrorista en Kaliningrado durante el desfile del Día de la Victoria, programado para el 9 de mayo. El detenido, nacido en 2000, recibió instrucciones de un instructor ucraniano a través de Telegram y se le prometió una compensación de 205.000 dólares por el ataque. Actualmente, enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión. Para más detalles, visita el enlace.

La Justicia boliviana ha emitido una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por su inasistencia a audiencias relacionadas con un caso de trata agravada de personas. Morales, declarado en rebeldía, enfrenta acusaciones por presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad. A pesar de sus justificaciones de problemas de salud, un video reciente en redes sociales contradice su versión. La situación ha generado un intenso debate y presión sobre el sistema judicial en Bolivia, mientras se ordenan exámenes médicos y se implementan medidas cautelares como la prohibición de salir del país.

El Gobierno de Perú ha promulgado una nueva ley que elimina la prisión preventiva para los policías que utilicen sus armas "de forma reglamentaria". Esta norma, publicada en el diario oficial El Peruano, impide que fiscales soliciten detenciones preliminares a agentes que, en cumplimiento de su deber, causen lesiones o muertes. La medida busca brindar mayor protección a los efectivos policiales y se implementará a partir del 12 de diciembre. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfatizó la importancia de que los policías utilicen las herramientas proporcionadas por el Estado para garantizar la seguridad.

La Justicia de Chile ha realizado un avance significativo al procesar por primera vez a cinco personas implicadas en la sustracción ilegal de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet. El juez Alejandro Aguilar Brevis ha ordenado prisión preventiva para los acusados, que enfrentan cargos de asociación ilícita y adopciones irregulares. La investigación revela una red que operó en San Fernando en los años 80, donde se entregaron niños a parejas extranjeras a cambio de grandes sumas de dinero. Este caso es considerado un delito de lesa humanidad, lo que impide su prescripción. Además, se ha solicitado la extradición de la líder de la red, quien actualmente reside en Israel. Se estima que alrededor de 20,000 menores fueron separados de sus familias durante este período oscuro en la historia chilena.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha detenido a un funcionario ruso bajo sospecha de alta traición por colaborar con Ucrania. Según la investigación, el detenido estableció una cooperación confidencial con representantes ucranianos, proporcionando información sobre actividades que amenazaban la seguridad de Rusia. El FSB informó que el sospechoso transmitió datos sobre la protección de instalaciones industriales y despliegue militar en las fronteras rusas. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Esta detención se produce en un contexto de tensiones entre Rusia y Occidente. Para más detalles, visita el enlace.

El juez ha decidido ampliar la prisión preventiva de Betssy Chávez, quien se desempeñó como expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo. Esta decisión se produce en un contexto legal que sigue siendo objeto de atención mediática y política. Para más detalles, visita el enlace.