En el marco de una nueva audiencia del juicio en el que se encuentra involucrado por su intento fallido de disolver el Congreso en diciembre de 2022, el expresidente peruano Pedro Castillo realizó un sorprendente llamado a los líderes de la región. Durante su declaración, instó a sus homólogos a emprender una «guerra» contra la corrupción y la delincuencia.
Desde el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva, Castillo invocó específicamente a Gustavo Petro, presidente de Colombia, así como a los mandatarios de Chile, Bolivia y Brasil. «Desde acá invoco a (Gustavo) Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: de una vez vamos a la guerra. Pero a la guerra para terminar con la delincuencia y la corrupción», expresó.
Tensión diplomática entre Perú y Colombia
Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Santa Rosa, un conflicto histórico que ha afectado las relaciones diplomáticas entre ambos países en las últimas semanas.
Durante esta audiencia, Castillo reiteró su inocencia y argumentó que no existen pruebas que lo incriminen. «Soy un presidente secuestrado», afirmó, insistiendo en que había iniciado un proceso de desarrollo para miles de compatriotas.
Alegaciones contra sus detractores
El exmandatario también dirigió críticas hacia sus opositores políticos, acusándolos de haber vendido armas a la extinta guerrilla colombiana FARC. Además, recordó un escándalo ocurrido en 1996 durante el gobierno de Alberto Fujimori, en el cual se encontró droga en el avión presidencial.
La jueza Norma Carbajal interrumpió a Castillo para recordarle que debía concluir su intervención. En respuesta, él cuestionó la relación entre las autoridades y la ciudadanía, sugiriendo que «el pueblo no recibe a sus autoridades en una plaza».
Diligencias legales en curso
A finales de julio, el Ministerio Público presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo y varios legisladores por presuntos delitos relacionados con organización criminal y tráfico de influencias en el caso conocido como ‘Los Niños’. La Fiscalía sostiene que Castillo habría liderado una red compuesta por legisladores del partido Acción Popular y otros funcionarios para asegurar votos a cambio de beneficios políticos y económicos.