sistema judicial

EE.UU. ha decidido no solicitar la pena de muerte para Ismael 'Mayo' Zambada, un importante narcotraficante mexicano. Esta decisión se basa en razones legales y estratégicas que podrían influir en el desarrollo de su caso. La noticia destaca el enfoque del gobierno estadounidense hacia la lucha contra el narcotráfico y las implicaciones de este fallo en el contexto judicial. Para más detalles, visita el enlace.

El Gobierno de Javier Milei ha conseguido media sanción para dos proyectos de ley importantes: la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la ley de reincidencia y reiterancia. La Cámara de Diputados aprobó la reforma que endurece las penas para delincuentes reincidentes, buscando combatir la "puerta giratoria" del sistema judicial. Con 138 votos a favor y 94 en contra, el proyecto ahora se dirige al Senado, donde se anticipa una fuerte oposición por parte del kirchnerismo. Esta reforma es vista como un paso crucial en la política de seguridad del gobierno actual. Para más detalles, visita el enlace.

La Oficina del Asesor Especial ha iniciado una investigación formal contra Jack Smith, ex fiscal especial del Departamento de Justicia de EE. UU., por acusaciones de haber actuado con motivaciones políticas en sus investigaciones contra Donald Trump. Esta es la primera pesquisa oficial sobre su conducta, que se centra en si violó la Ley Hatch al involucrarse en actividades políticas durante su mandato. Las acusaciones surgen tras una carta del senador Tom Cotton, quien sostiene que Smith utilizó el sistema legal para interferir en las elecciones presidenciales de 2024. La investigación podría tener consecuencias administrativas o legales para Smith, quien no ha comentado sobre las acusaciones.

El propietario de viviendas de alquiler en Georgia lucha por desalojar a ocupantes ilegales que invadieron su propiedad. A pesar de una orden de desalojo aprobada, Arko ha sido citado por violaciones del código. El sistema judicial parece favorecer a los delincuentes, y los ocupantes ilegales tienen ciertos derechos debido al estatuto de posesión adversa en Georgia. Se espera que puedan ser desalojados en septiembre.