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El Partido Popular ha señalado irregularidades en el rescate de Plus Ultra, atribuyéndolas a gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE, el senador Juan José Sanz Vitorio expuso que estas irregularidades se produjeron gracias a un supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Se argumenta que la influencia del exmandatario en Venezuela permitió obtener un aplazamiento de la deuda de la aerolínea y facilitar su rescate mediante la SEPI. Además, se mencionó la creación de una sociedad pantalla relacionada con este proceso, donde gran parte de los fondos públicos habrían beneficiado a la familia de Zapatero. La comparecencia reveló conexiones entre las empresas familiares y el rescate, así como preguntas sobre posibles comisiones y vínculos societarios sin respuestas claras.

El senador del Partido Popular, Eloy Suárez, ha criticado al Gobierno en el Pleno del Senado por no asumir responsabilidades ante diversas crisis. Preguntó a la ministra Elma Saiz qué tendría que suceder para que alguien asumiera la responsabilidad política, citando incidentes graves como las muertes en Adamuz y el apagón. Suárez denunció la falta de dimisiones en el Ejecutivo y acusó al presidente Sánchez de priorizar el poder sobre los principios, describiendo su gestión como un proyecto personal sin ética ni dignidad. Además, cuestionó la política penitenciaria y los fallos en las políticas públicas del Gobierno.

El Partido Popular ha iniciado una ofensiva en el Congreso de los Diputados relacionada con el caso Forestalia, que investiga graves irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables. El PP ha presentado más de 30 preguntas al Gobierno y solicitado hasta 20 informes al Ministerio para la Transición Ecológica, exigiendo explicaciones sobre posibles delitos como prevaricación y blanqueo de capitales. Las solicitudes incluyen copias de expedientes ambientales y comunicaciones internas relacionadas con Forestalia desde 2015. Además, se piden aclaraciones a varios ministerios sobre su conocimiento y participación en estos asuntos.

Jaime de Olano, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, ha denunciado que el Gobierno ha dado un paso más en su sectarismo y deriva antidemocrática durante el trámite de comparecencias sobre el Proyecto de Ley de gobernanza y ordenación de medios de comunicación. Criticó que PSOE y Sumar vetaran a expertos sin tacha profesional mientras permitieron la comparecencia de Meritxell Borràs, condenada por desobediencia al Constitucional. De Olano calificó esta situación como una "broma de mal gusto" y una muestra del intento del Gobierno de silenciar voces críticas en el ámbito democrático.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha anunciado que el PP presentará un plan en el próximo Pleno del 7 de abril para proteger los centros de educación especial bajo la LOMLOE. Durante una jornada sobre educación especial, García destacó que la libertad de las familias y la existencia de estos centros están amenazadas por las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Subrayó la necesidad de garantizar una educación inclusiva y personalizada, defendiendo que los padres deben tener la opción de escolarizar a sus hijos en centros de educación especial. Además, enfatizó que el PP es un defensor de los principios de libertad e igualdad en educación.

El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso para abordar el "colapso permanente" del sistema ferroviario en España. Los populares denuncian un deterioro grave que ha llevado a retrasos y una disminución de la calidad del servicio, afectando a millones de usuarios y perjudicando la economía y el turismo. Además, han exigido aclaraciones sobre el accidente ferroviario en Adamuz, señalando posibles incumplimientos normativos y la ocultación de información por parte del Gobierno. El PP demanda transparencia y medidas urgentes para garantizar la seguridad y fiabilidad del transporte ferroviario en el país.

El Partido Popular ha criticado la ausencia de la vicepresidenta María Jesús Montero en el debate del Congreso sobre las ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas por borrascas en Andalucía y Extremadura. El diputado Ignacio Romaní calificó esta falta de presencia como "injustificable" y denunció que el decreto presentado no refleja adecuadamente los daños, excluyendo a numerosas comarcas y municipios de las ayudas necesarias. Romaní también acusó al Gobierno de deslealtad institucional y de imponer cargas financieras a los ayuntamientos para acceder a estas ayudas. Resaltó la importancia de los 1.500 millones de euros que el Estado adeuda a Andalucía, enfatizando que el gobierno andaluz está actuando con eficacia frente a las catástrofes, en contraste con la parálisis del Gobierno central.

El secretario general del PP, en un acto en Huércal de Almería, advirtió que las elecciones del 17 de mayo son cruciales para decidir entre continuar con el buen camino de los gobiernos de Juanma Moreno o regresar a un pasado marcado por la corrupción y el paro. Resaltó que el voto al PP es el único que garantiza una gestión efectiva, mientras que otros partidos representan inestabilidad. Criticó al PSOE por abandonar Andalucía y dejar obras paralizadas, y acusó al Gobierno de España de aumentar impuestos y descuidar las necesidades de los andaluces. Concluyó enfatizando que el futuro de Andalucía está en juego en estas elecciones.

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a la Mesa del Congreso la anulación de un acuerdo que vetó dos enmiendas sobre la ley de multirreincidencia. La portavoz Ester Muñoz argumenta que esta decisión, adoptada el 24 de marzo de 2026, es arbitraria e inconstitucional, ya que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional y limita el derecho de los diputados a ejercer su función legislativa. Las enmiendas, aprobadas por el Senado, buscan reforzar la estructura del Ministerio Fiscal y mejorar la seguridad ciudadana frente a la multirreincidencia. El PP exige que se permita el debate y votación de estas enmiendas en el Pleno del Congreso.

El secretario general del PP, tras una reunión en Cuenca, advierte sobre la "procesión" judicial que enfrentará el Gobierno español, destacando el juicio inminente a José Luis Ábalos y Begoña Gómez, que podría incluir un jurado popular. Critica la inoperancia del Ejecutivo, que no ha presentado presupuestos en más de tres años, y denuncia la corrupción dentro del PSOE. Además, señala que las elecciones recientes reflejan un rechazo al socialismo y un apoyo a la regeneración liderada por el PP. También critica la reciente regularización masiva de inmigrantes y afirma que el Gobierno de Page refuerza las malas políticas socialistas en Castilla-La Mancha.

El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, argumentando que es "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás criticó que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo que podría perjudicar a muchas cooperativas y ciudadanos. Además, denunció que el Gobierno prioriza la "aritmética parlamentaria" sobre el interés general, creando una norma incoherente que genera inseguridad jurídica. El PP aboga por una economía social basada en resultados y ha presentado propuestas para mejorar la ley, destacando la necesidad de reducir cargas administrativas y aumentar la seguridad jurídica en el sector. También expresó su preocupación por el impacto negativo en cooperativas agroalimentarias y sociedades agrarias.

El Partido Popular (PP) ha señalado en la Comisión de Investigación del Apagón que la responsabilidad recae en Red Eléctrica Española (REE), pero la culpa es del Gobierno. Miguel Ángel Castellón, portavoz del GPP, criticó a la ministra Sara Aagesen por no haber tomado medidas ante el aumento de episodios de sobre tensión en los últimos años. Castellón destacó que el sistema eléctrico es cada vez más frágil debido al diseño del mix energético y cuestionó el gasto elevado para asegurar el sistema, que recae en los ciudadanos. Además, instó al Gobierno a ser transparente y a asumir responsabilidades por los apagones, afirmando que su falta de autocrítica demuestra su incapacidad para gobernar.

La mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta del Partido Popular (PP) que rechaza la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. La moción, apoyada por Vox, Junts y UPN, insta al Ejecutivo a renunciar a esta regularización extraordinaria, argumentando que carece de requisitos y va en contra de los principios europeos. Además, se exige la efectiva implementación de órdenes de retorno y la revisión de acuerdos migratorios con terceros países. En otro ámbito, el PP también logró aprobar una proposición en defensa de los cristianos perseguidos, solicitando medidas internacionales para proteger sus derechos y promover la libertad religiosa.

El Partido Popular ha señalado que los españoles enfrentarán un costo adicional de 1.700 millones de euros en sus facturas de electricidad debido al apagón ocurrido el 28 de abril del año pasado. Esta afirmación se realizó tras la comparecencia de Cani Fernández, presidenta de la CNMC, ante la Comisión de Investigación del apagón, donde reconoció que Red Eléctrica Española debía haber controlado la tensión para evitar el incidente. La senadora Teresa Mallada criticó la falta de responsabilidad y transparencia en la gestión del sistema eléctrico, advirtiendo que los consumidores continuarán pagando por las consecuencias del apagón durante los próximos doce meses. Además, se cuestionó la decisión de no elaborar un informe sobre los responsables del apagón, lo que dificultará las reclamaciones por daños a las empresas eléctricas.