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Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado una Comisión de Investigación sobre la gestión de RTVE, afirmando que "ha dejado de ser la televisión pública de todos para ser Tele Pedro". La iniciativa busca examinar la dirección y finanzas del ente público, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de utilizar RTVE para beneficios políticos. García critica el aumento del presupuesto en un contexto de crisis económica y denuncia la falta de independencia periodística, así como la contratación externa que afecta la calidad informativa. La comisión tiene como objetivo responsabilizar a quienes hayan malgastado fondos públicos o manipulado procesos.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, critica la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que "la foto de la España del sanchismo es la de la inflación galopante, la incompetencia y la corrupción insostenible". En sus declaraciones en Logroño, destaca que muchos españoles enfrentan dificultades económicas debido a un aumento significativo de la inflación, actualmente en el 3,3%. Gamarra califica las medidas gubernamentales como insuficientes y exige una reducción de impuestos y deflactación del IRPF. También menciona que la corrupción rodea al Gobierno y que los ciudadanos merecen un Ejecutivo responsable y libre de corrupción.

El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, argumentando que es "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás criticó que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo que podría perjudicar a muchas cooperativas y ciudadanos. Además, denunció que el Gobierno prioriza la "aritmética parlamentaria" sobre el interés general, creando una norma incoherente que genera inseguridad jurídica. El PP aboga por una economía social basada en resultados y ha presentado propuestas para mejorar la ley, destacando la necesidad de reducir cargas administrativas y aumentar la seguridad jurídica en el sector. También expresó su preocupación por el impacto negativo en cooperativas agroalimentarias y sociedades agrarias.

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, ha responsabilizado a la ministra María Jesús Montero de que los ayuntamientos no puedan utilizar sus remanentes para vivienda y exige el pago de 3.000 millones de euros que se les adeuda. Critica la falta de atención del Gobierno hacia los problemas municipales y denuncia que la Comisión Nacional de Administración Local solo se ha reunido por orden judicial tras más de un año sin convocatorias. Bendodo también subraya la necesidad de un nuevo modelo de financiación tanto autonómica como local para resolver las dificultades económicas que enfrentan los consistorios.

El diputado del GPP, Eduardo Carazo, ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente en Adamuz que costó la vida a 47 personas. Durante la sesión de control al Gobierno, Carazo criticó la falta de responsabilidad y transparencia del ministro, acusándolo de mentir sobre las irregularidades en el mantenimiento ferroviario. Además, destacó que las víctimas merecen una investigación imparcial y que el caos en las infraestructuras ferroviarias persiste bajo su gestión.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica la negativa del Gobierno a permitir la votación de una enmienda del Partido Popular que exigiría verificar los antecedentes penales de inmigrantes a regularizar. Advierte que esta situación podría convertir a España en un "coladero de delincuentes", contraviniendo las leyes europeas. Además, Muñoz denuncia la parálisis legislativa y la falta de presupuestos tras casi tres años de gobierno, señalando a María Jesús Montero como responsable. También cuestiona las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre su relación con líderes venezolanos y exige al Gobierno una revisión del Real Decreto de medidas anticrisis.

Irene Garrido, diputada del GPP, critica al Gobierno por su tardía y dividida respuesta a la crisis, afirmando que los españoles ya están sufriendo sus efectos. En el debate sobre la Moción del GPP, señala que el decreto anticrisis del Ejecutivo es insuficiente, ya que no incluye medidas efectivas para aliviar la carga económica de las familias, como la adaptación del IRPF a la inflación. Además, lamenta la falta de coherencia en las decisiones del Consejo de Ministros y urge al Gobierno a implementar medidas urgentes para controlar los precios energéticos y mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Miguel Tellado, secretario general del PP, criticó los recientes "retoques cosméticos" del presidente Sánchez durante la 2ª Interparlamentaria del PP en Ourense. Afirmó que aceptar ser el número dos del Gobierno implica aceptar la corrupción y el sectarismo. Resaltó que Sánchez continúa acaparando poder y no ha cambiado lo fundamental en su gestión, defendiendo un sistema de financiación autonómica desigual. Además, denunció la falta de presupuestos y la ineficacia del Ejecutivo en la gestión de ayudas y servicios públicos. Tellado instó al PP a ser protagonista en la reconstrucción nacional tras una posible victoria electoral.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, critica al Gobierno por la presentación tardía y deficiente del decreto anticrisis, que según él encubre una reforma energética. Pregunta si se han introducido medidas para "inventarse subvenciones y comprar votos". Bravo argumenta que el decreto no es un verdadero apoyo a las familias, sino una forma de controlar proyectos estratégicos sin supervisión. Además, señala que el Gobierno ha recaudado 70 millones extra en IVA de carburantes y que si hubieran aplicado antes las propuestas del PP, las familias habrían ahorrado 190 millones. Exige la deflactación del IRPF y critica la falta de consulta con las comunidades autónomas sobre las medidas fiscales. Concluye que el decreto llega tarde y no incluye todas las medidas necesarias.

María Jesús Moro, portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, ha denunciado que el Gobierno está "amordazando" y "anulando olímpicamente la soberanía popular" al vetar enmiendas del PP aprobadas en el Senado relacionadas con la multirreincidencia. En su intervención, Moro criticó el veto como antidemocrático y abusivo, argumentando que vulnera la Constitución y limita la capacidad de voto del Parlamento. Además, cuestionó la oposición del Gobierno a incrementar la plantilla de fiscales y a establecer controles para la regularización de extranjeros. Moro destacó la necesidad de reformas que fortalezcan las normas penales y los recursos en las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia.

El Parlamento Europeo ha aprobado la apertura de negociaciones para reformar la política de retorno de inmigrantes irregulares en la UE, impulsada por el Partido Popular Europeo. Esta reforma busca aumentar la efectividad de los retornos, ya que actualmente solo se ejecuta el 20% de las órdenes de retorno en la UE, y en España apenas un 9,7%. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP, destacó que esta medida contradice la política migratoria del Gobierno español y establece procedimientos uniformes para agilizar los retornos y mejorar la cooperación entre Estados miembros. La nueva normativa incluye sanciones por incumplimiento y refuerza las garantías de derechos fundamentales, con el objetivo de desincentivar las rutas irregulares y combatir el tráfico de personas.

Miriam Guardiola, portavoz adjunta del GPP, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser un "lodazal de corrupción" durante el Pleno del Congreso. Denunció varios casos que afectan al PSOE y a su entorno, como los de Ábalos y Aldama, además de otros bajo investigación. Guardiola afirmó que la corrupción no solo implica robar, sino también manipular procesos internos y liberar a terroristas para mantener el poder. Mencionó audios que sugieren pagos para influir en jueces y fiscales, calificando la situación de "cloacas" y "mafia". También cuestionó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su silencio ante estas acusaciones y lo describió como un "cartucho quemado".

El Congreso de España ha aprobado con 192 votos a favor la tramitación de una Proposición de Ley del Partido Popular (PP) que busca reformar la normativa sobre seguros agrarios. Esta ley tiene como objetivo ampliar la cobertura para los agricultores y ganaderos, incluyendo no solo daños climáticos, sino también la pérdida de ingresos derivada de la volatilidad de los precios. A pesar del rechazo del PSOE, el PP argumenta que es crucial adaptar el sistema a las realidades económicas actuales del campo español y garantizar la seguridad alimentaria. La propuesta se alinea con las políticas de la PAC y modelos de otros países europeos.

Pedro Gallardo, portavoz de Agricultura del GPP, ha denunciado en el Pleno del Congreso la "desprotección" del campo español por parte del Gobierno. Advierte sobre las graves consecuencias de no actuar, como la pérdida de competitividad y el aumento de la despoblación rural, recordando que se han perdido más de 110.000 explotaciones agrarias en los últimos años. Gallardo propone adaptar el sistema de seguros agrarios a la realidad actual, incorporando seguros de ingresos y rentas para proteger a los agricultores frente a caídas de precios y perturbaciones del mercado. Critica al Gobierno por no avanzar en este tema desde 2016 y destaca la necesidad urgente de una reforma que garantice la seguridad alimentaria en España.