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Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha denunciado el "caos absoluto" del Gobierno en la gestión de la crisis del hantavirus, destacando la falta de comunicación con los gobiernos autonómicos y contradicciones entre ministros. Ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que informe sobre la situación. Muñoz critica la inacción del presidente Pedro Sánchez y cuestiona la capacidad del Gobierno para manejar crisis sanitarias tras experiencias previas con el COVID-19. Además, ha abordado temas de corrupción relacionados con el Gobierno y ha instado a una mayor responsabilidad política.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, destacó la importancia de incluir a los trabajadores del sector pesquero en la toma de decisiones sobre el futuro del Mediterráneo. Durante la inauguración de la jornada "El Futuro de la Pesca en el Mediterráneo", criticó la gestión del Gobierno, que impone restricciones sin entender la realidad del sector. García subrayó que España necesita un Gobierno que defienda sus intereses y propuso una transición justa para la pesca, basada en datos reales. Además, denunció la competencia desleal que enfrentan los pescadores españoles frente a competidores extracomunitarios. La jornada busca analizar la situación de la flota mediterránea y evaluar el impacto del Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental.

El Partido Popular ha denunciado que la Fiscalía General del Estado se niega a otorgar beneficios a Víctor de Aldama, quien colaboró en el 'caso Mascarillas', lo que consideran un indicio de sometimiento al Gobierno. Esta decisión contradice el principio de que la colaboración con la Justicia debería resultar en consecuencias jurídicas favorables. El PP exige la comparecencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que explique la situación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante y sus deficiencias estructurales. Además, han solicitado la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ante lo que consideran una purga política en el Ministerio Fiscal. La denuncia subraya la preocupación por el control político sobre la Fiscalía y la necesidad de garantizar su independencia para mantener el Estado de derecho.

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ante la Comisión de Justicia del Congreso para que explique su política de nombramientos en la Fiscalía. Acusan a Peramato de implementar una estrategia que favorece el control político y prioriza la afinidad con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el mérito profesional. Esta denuncia surge tras la reciente decisión de no renovar a Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid, a pesar de su destacada trayectoria. El PP critica que los ascensos se basen en criterios personales en lugar de en la valía profesional, lo que genera desconfianza y desafección hacia la institución fiscal. Las asociaciones de fiscales también han advertido sobre el daño irreparable al prestigio de la Fiscalía debido a estas decisiones.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha instado a los andaluces a votar por Juanma Moreno en las próximas elecciones, destacando que su liderazgo ofrece estabilidad, gestión, igualdad y regeneración para Andalucía. Durante un acto en Jerez de la Frontera, Feijóo enfatizó la necesidad de evitar la "decadencia socialista" y criticó al PSOE por sus supuestas corruptelas y falta de soluciones a problemas como la vivienda y la sanidad. Afirmó que el cambio en Andalucía es irreversible y subrayó la importancia de mantener un gobierno autonómico que ha mejorado la comunidad.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, se pronunció en un mitin en Roquetas de Mar tras la declaración de Aldama en el Tribunal Supremo, donde se acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el Uno" de una organización criminal. Feijóo enfatizó la gravedad de estas acusaciones y cuestionó por qué Sánchez no ha presentado una querella. Además, criticó al sanchismo por corrupción y tráfico de influencias, comparándolo con el escándalo de los ERE en Andalucía. Prometió un gobierno limpio y eficaz si es elegido, destacando la importancia de las elecciones del 17 de mayo para el futuro de Andalucía y España. También se comprometió a mejorar la infraestructura hídrica y a garantizar que Andalucía no sea tratada como una región de segunda.

Daniel Pérez, diputado del Grupo Popular, critica al presidente Pedro Sánchez por intentar convalidar el Real Decreto Ley sobre alquileres, argumentando que lo hace por miedo a perder poder y apoyo de sus socios. En el Pleno del Congreso, Pérez sostiene que este decreto es una medida improvisada y propagandística, que no aborda realmente la política de vivienda. Acusa al Gobierno de haber convertido la vivienda en un problema central para los españoles, enfrentando a propietarios e inquilinos y señalando que las políticas actuales han hecho que los jóvenes deban destinar más del 100% de su salario para alquilar. Además, denuncia la falta de cumplimiento de promesas relacionadas con la construcción de viviendas y asegura que hay una mayoría dispuesta a cambiar el rumbo actual.

Carlos Floriano, portavoz de Exteriores del GPP en el Congreso, critica al Gobierno por su sobreactuación en política exterior, argumentando que busca desviar la atención de sus problemas internos y frentes judiciales. Exige una política exterior coherente y justa para todos los españoles, denunciando la doble vara de medir en la protección de ciudadanos en el extranjero. Además, cuestiona la falta de transparencia del Ejecutivo en situaciones críticas y critica su enfoque electoralista en asuntos internacionales. Floriano subraya que la defensa de los derechos humanos no debe depender de conveniencias políticas.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha exigido al Gobierno una mayor inversión para combatir el acoso escolar, señalando que es uno de los problemas más graves que enfrentan los menores en España. Durante la inauguración de una jornada sobre este tema, criticó la inacción del Gobierno durante ocho años y calificó su reciente anuncio de un protocolo marco como un "maquillaje presupuestario" de solo 333 euros por centro educativo. García subrayó la necesidad de respuestas efectivas que integren Educación, Sanidad y Políticas Sociales, así como la importancia de abordar el impacto del acoso y la violencia digital en la salud mental de los jóvenes. Además, presentó testimonios de familias afectadas por el acoso escolar y destacó estadísticas preocupantes sobre su prevalencia en las aulas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a combatir el acoso escolar en una jornada en el Senado bajo el lema 'Tolerancia cero contra la violencia escolar'. Propone una "alianza" entre Educación, Sanidad y Políticas Sociales para crear un Plan de Bienestar Emocional que proteja a los menores. Feijóo destaca la necesidad de profesionalizar la atención emocional y la seguridad de los estudiantes, sugiriendo un protocolo nacional que incluya recursos y tecnología para abordar el acoso. También aboga por sanciones educativas efectivas y más recursos para el sistema judicial, enfatizando la importancia de la colaboración entre todas las administraciones para erradicar este problema social.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, lamenta las "zancadillas" del Gobierno central a Madrid durante el acto del Día de la Comunidad de Madrid. En su discurso, enfatiza la necesidad de que el Ejecutivo apoye a la Comunidad para resolver problemas como la huelga en el Servicio Madrileño de Salud, las infraestructuras y la política migratoria. Feijóo subraya que es responsabilidad de cualquier político trabajar en coordinación con las comunidades autónomas y destaca la valentía de los madrileños, quienes continúan atrayendo a nuevos residentes por su vitalismo.

La portavoz adjunta del GPP en el Congreso, Álvarez de Toledo, critica a la izquierda por su postura sobre el burka y el aborto, afirmando que su feminismo se detiene ante la sumisión al Islam. En un debate sobre el uso del velo integral en espacios públicos, denuncia la involución de la izquierda hacia la defensa de la invisibilización de las mujeres en nombre de una religión. Resalta que el relativismo cultural es una coartada moral que permite prácticas opresivas y aboga por prohibir el burka en España como un acto de coherencia democrática. Además, condena la hipocresía de la izquierda al criticar el machismo en Occidente mientras ignora el sometimiento femenino en otras culturas. Álvarez de Toledo defiende los derechos y la dignidad de todas las mujeres, incluyendo aquellas en contextos islámicos.

El presidente de RENFE, Álvaro Fernández Heredia, reconoció en el Senado los fallos recurrentes en los servicios ferroviarios y sugirió que la fusión de RENFE y ADIF podría mejorar la situación. Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la Red Ferroviaria, se abordaron accidentes recientes y el estado general del sistema ferroviario en España. A pesar de las evasivas, admitió que una unificación bajo un mando único podría ser beneficiosa. Críticas del Partido Popular resaltan que ambos organismos no están funcionando adecuadamente y cuestionan la falta de transparencia sobre la calidad del servicio, con encuestas ocultas desde 2019. La situación ha llevado a una notable pérdida de usuarios y descontento generalizado entre los viajeros.

El Partido Popular (PP) ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez tras la derrota del decreto sobre alquileres, afirmando que esto evidencia la pérdida de control en la gestión de la vivienda. La senadora Paloma Martín destacó que las políticas del Gobierno han llevado a una escasez de casas y un aumento de precios, afectando especialmente a las familias con rentas medias y bajas. Además, presentó informes de diversas instituciones que rechazan el intervencionismo en el mercado inmobiliario y pidió reformas urgentes para facilitar la construcción y movilización de suelo. También advirtió sobre el impacto negativo de estas políticas en los propietarios e inversores, lo que ha resultado en la retirada de más de 130.000 viviendas del mercado de alquiler.