Corrupcion

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha inaugurado la campaña de la renta denunciando el "infierno fiscal" del Gobierno de Sánchez. Se comprometió a reducir los impuestos si llega a ser presidente, afirmando que no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Durante su intervención, destacó la carga fiscal que enfrentan los autónomos y propuso seis medidas fiscales para aliviar la presión tributaria, incluyendo la reducción del IVA en alimentos básicos y la bonificación del IRPF para jóvenes. Feijóo criticó el aumento del coste de vida y la pobreza infantil en España, señalando que mientras los ciudadanos pagan más impuestos, reciben menos a cambio.

El senador del Partido Popular, Eloy Suárez, ha criticado al Gobierno en el Pleno del Senado por no asumir responsabilidades ante diversas crisis. Preguntó a la ministra Elma Saiz qué tendría que suceder para que alguien asumiera la responsabilidad política, citando incidentes graves como las muertes en Adamuz y el apagón. Suárez denunció la falta de dimisiones en el Ejecutivo y acusó al presidente Sánchez de priorizar el poder sobre los principios, describiendo su gestión como un proyecto personal sin ética ni dignidad. Además, cuestionó la política penitenciaria y los fallos en las políticas públicas del Gobierno.

Alicia García, portavoz del GPP en el Senado, afirmó que “hoy comienza la primavera negra de Sánchez” durante una sesión de control al Gobierno. Criticó al vicepresidente Carlos Cuerpo, acusándolo de ser un representante del sanchismo y no un técnico imparcial. García subrayó los problemas del Gobierno, como la falta de presupuestos y el deterioro de servicios públicos, y exigió a Cuerpo que pidiera perdón por la corrupción relacionada con el actual liderazgo. Además, cuestionó su papel en decisiones económicas clave y lo acusó de blindar a Pedro Sánchez en lugar de buscar una regeneración política.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, ha declarado que su partido llegará "hasta el final" en la investigación de los rescates a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. En un reciente Comité de Dirección, Bravo criticó al Gobierno por utilizar dinero público en beneficio de intereses políticos y aseguró que se pedirá explicaciones en el Senado. Destacó la conexión entre corrupción y gestión económica del Gobierno de Sánchez, señalando que los rescates representan un "cóctel completo de corrupción". Además, mencionó el inicio del juicio por el caso Ábalos-Koldo, donde los acusados enfrentan graves cargos. Bravo también abordó el aumento de impuestos y la crisis de vivienda bajo la actual administración.

El secretario general del PP, tras una reunión en Cuenca, advierte sobre la "procesión" judicial que enfrentará el Gobierno español, destacando el juicio inminente a José Luis Ábalos y Begoña Gómez, que podría incluir un jurado popular. Critica la inoperancia del Ejecutivo, que no ha presentado presupuestos en más de tres años, y denuncia la corrupción dentro del PSOE. Además, señala que las elecciones recientes reflejan un rechazo al socialismo y un apoyo a la regeneración liderada por el PP. También critica la reciente regularización masiva de inmigrantes y afirma que el Gobierno de Page refuerza las malas políticas socialistas en Castilla-La Mancha.

Miguel Tellado, secretario general del PP, criticó los recientes "retoques cosméticos" del presidente Sánchez durante la 2ª Interparlamentaria del PP en Ourense. Afirmó que aceptar ser el número dos del Gobierno implica aceptar la corrupción y el sectarismo. Resaltó que Sánchez continúa acaparando poder y no ha cambiado lo fundamental en su gestión, defendiendo un sistema de financiación autonómica desigual. Además, denunció la falta de presupuestos y la ineficacia del Ejecutivo en la gestión de ayudas y servicios públicos. Tellado instó al PP a ser protagonista en la reconstrucción nacional tras una posible victoria electoral.

El senador del PP por Sevilla, Juan Ávila, ha criticado duramente al ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una interpelación en la sesión de control al Gobierno. Ávila denuncia la falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras de Andalucía, lo que considera un "riesgo real" para los usuarios. Señala que la gestión del ministro ha llevado a un aumento significativo en los retrasos y accidentes ferroviarios. Además, destaca el contraste entre la inversión del Gobierno andaluz y la del Ejecutivo central, enfatizando que en ocho años solo se han construido 3 km de autovías bajo el mandato de Sánchez. Ávila exige una auditoría sobre los retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y critica la falta de transparencia del ministro.

Marimar Blanco, viceportavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, cuestiona al ministro Fernando Grande Marlaska sobre la reciente regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez. En una sesión de control, Blanco advierte que esta medida es un "coladero para delincuentes" y evidencia el fracaso en el control de fronteras. Critica que se busque regularizar votos para ampliar la base electoral del gobierno y señala las consecuencias negativas para la seguridad y los servicios públicos. Además, reprocha a Marlaska su falta de transparencia y responsabilidad, instándolo a dimitir si le queda dignidad.

El Partido Popular (PP) ha denunciado un "patrón sistemático" de irregularidades en la gestión de Forestalia y el PSOE, durante una Comisión de Investigación. La portavoz del GPP, Rocío Dívar, acusó a administraciones de ambos partidos de llevar a cabo procedimientos manipulados, presiones sobre funcionarios y favores cruzados. Se destaca la falta de respuestas del presidente de Forestalia, Fernando Samper, lo que impide aclarar las sospechas sobre un posible "secuestro" de la administración pública en beneficio de la empresa. La investigación también apunta a irregularidades en la tramitación de proyectos eólicos en Aragón y posibles vínculos con figuras políticas y administrativas clave. Además, se mencionan sociedades vinculadas a intermediarios que complican el seguimiento financiero relacionado con Forestalia.

El Partido Popular ha iniciado una ofensiva en el Congreso de los Diputados relacionada con el caso Forestalia, que investiga graves irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables. El PP ha presentado más de 30 preguntas al Gobierno y solicitado hasta 20 informes al Ministerio para la Transición Ecológica, exigiendo explicaciones sobre posibles delitos como prevaricación y blanqueo de capitales. Las solicitudes incluyen copias de expedientes ambientales y comunicaciones internas relacionadas con Forestalia desde 2015. Además, se piden aclaraciones a varios ministerios sobre su conocimiento y participación en estos asuntos.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, De los Santos, ha declarado en Toledo que el Gobierno de Pedro Sánchez enfrentará una "semana terrible" desde el punto de vista judicial, con la comparecencia de Ábalos y Koldo García en el banquillo. Acusa a ambos de ser parte fundamental del "sanchismo" y critica su papel en la política española. De los Santos sostiene que la próxima semana se revelarán detalles sobre las acciones de estos exfuncionarios, a quienes califica como "presuntos delincuentes". Además, hace hincapié en la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones democráticas y critica la política migratoria del Gobierno actual.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado una Comisión de Investigación sobre la gestión de RTVE, afirmando que "ha dejado de ser la televisión pública de todos para ser Tele Pedro". La iniciativa busca examinar la dirección y finanzas del ente público, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de utilizar RTVE para beneficios políticos. García critica el aumento del presupuesto en un contexto de crisis económica y denuncia la falta de independencia periodística, así como la contratación externa que afecta la calidad informativa. La comisión tiene como objetivo responsabilizar a quienes hayan malgastado fondos públicos o manipulado procesos.

Un informe desclasificado revela que funcionarios ucranianos supuestamente planearon desviar fondos de ayuda estadounidense, destinados a proyectos de infraestructura y energía limpia en Ucrania, para beneficiar la campaña de reelección de Joe Biden en 2024 y al Comité Nacional Demócrata (DNC). El esquema implicaba el uso de programas de USAID en Kyiv, con un 90% de los fondos presuntamente redirigidos al DNC. A pesar de las graves acusaciones, no hay evidencia de que la administración Biden investigara a fondo el plan. Las interceptaciones coinciden con nuevas investigaciones sobre corrupción en Ucrania, lo que reaviva controversias sobre los vínculos financieros de la familia Biden con la empresa Burisma. Si se confirman estas alegaciones, tendrían serias implicaciones para la integridad electoral en EE.UU. y la rendición de cuentas sobre la ayuda extranjera.