Este miércoles, la oposición frontal de la derecha y la ultraderecha española contra la futura ley de amnistía a los independentistas catalanes se trasladó al Parlamento Europeo en Estraburgo (Francia), donde sus expectativas se vieron momentáneamente frustradas. A instancias del conservador Partido Popular, de Ciudadanos (centro) y del ultraderechista Vox, se celebró un pleno bronco argumentando que el texto "amenaza el Estado de derecho" en España. En respuesta, el comisario europeo de Interior, Didier Reynders, afirmó que Bruselas analizará de manera "cuidadosa, independiente y objetiva" la proposición de ley enviada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
"No me pronunciaré hasta que la ley esté aprobada en el Parlamento español", afirmó Reynders, quien también advirtió que la Comisión Europea mantiene su posición de que el conflicto de Cataluña es una cuestión interna de España y debe resolverse según su orden constitucional. El pleno, que duró más de dos horas, concluyó sin votación ni resolución, convirtiéndose en un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha europea. "Ante la mayor crisis territorial de la democracia española, solo hay dos opciones: el fracasado camino de la imposición y la amenaza, o el camino del diálogo, el entendimiento y la reconciliación", declaró Iratxe García, líder de los socialdemócratas europeos y española.
"La verdad sobre lo ocurrido en España", pidió Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, a la UE, y afirmó que "la condena de Europa es la amnistía de Sánchez". En el pleno, participaron Carles Puigdemont, expresidente catalán, y Toni Comín, exconsejero de Salud, ambos eurodiputados del partido Junts x Catalunya. Ambos se verán beneficiados por la amnistía que negociaron a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez de los 7 diputados de la formación catalana en el Congreso.
En 2017, ambos decidieron irse a la capital comunitaria para evitar a la Justicia española después del referéndum ilegal y el intento fallido de secesión en Cataluña. Una de las condiciones impuestas por los partidos independentistas para respaldar la reelección de Sánchez fue la ley de amnistía para aquellos involucrados en el 'procés' separatista en Cataluña. Esta situación ha provocado numerosas protestas convocadas en Madrid y otras capitales de provincia, así como manifestaciones diarias frente a las sedes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La semana pasada, Sánchez fue revalidado en su cargo para un nuevo mandato de cuatro años.
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