Las órdenes de carga a la Policía el pasado lunes contra los manifestantes que protestaban frente a la sede del PSOE en Madrid, y que ha supuesto la reacción de los sindicatos policiales, que han pedido el cese del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, han obtenido también respuesta por parte de VOX, que ha presentado una querella contra el delegado y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En concreto, la querella, dirigida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, atribuye a Grande-Marlaska y a Martín Aguirre delitos de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código penal (CP), y delitos de los cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales, artículo 540 CP.
La coordinadora Jurídica de VOX, Marta Castro, explica en su escrito al Supremo que a las manifestaciones realizadas desde el pasado fin de semana acuden personas de forma cívica y pacífica: «Son ciudadanos corrientes de todo tipo y condición, entre los que se encontraban hombres de todas las edades, mujeres, niños, incluso ancianos».
Motivaciones políticas
«En un momento determinado, y sin que mediara motivo para ello, pues la concentración discurría con toda normalidad, eso sí, con evidentes muestras de rechazo al Gobierno de Pedro Sánchez, la Policía empezó a disolver a los congregados con violencia, agresividad y empleando gas lacrimógeno», denuncia la formación en su escrito.
Además, a pesar de estar el ambiente totalmente cegado por la niebla causada por las bengalas y las bombas de gas, la Policía superó las vallas y procedió a cargar contra los asistentes, «empujando a los presentes para alejarlos de la sede del PSOE, y golpeando con las porras a las personas de forma indiscriminada».
Esta actuación, defiende VOX, «no tuvo ninguna justificación legal y, por tanto, el exceso de violencia y la persecución empleada por la Policía no obedece más que a instrucciones con motivaciones políticas para asustar y disuadir a los ciudadanos de acudir a protestar frente a la sede del PSOE». Prueba de ello es que la primera línea de los manifestantes estaban varios metros alejados de los policías cuando decidieron usar el gas lacrimógeno, tal y como demuestra el material gráfico aportado por la formación en la querella. Además, los agentes continuaron persiguiendo a los asistentes una vez disuelta la manifestación.
En definitiva, el dispositivo de la Unidad de Intervención de la Policía habría actuado obedeciendo una orden que no atendió al principio de motivación de toda orden administrativa ni el principio de proporcionalidad, «principio básico en las actuaciones frente a ciudadanos, pues ha de respetarse en todo empleo del uso de los medios de defensa para garantizar la seguridad».
Diligencias
De este modo, la formación que preside Santiago Abascal solicita al Tribunal Supremo que interrogue a Marlaska y a Aguirre; que se oficia a la Policía y a los servicios SAMUR para que remita al Tribunal informe detallado sobre las personas atendidas en Ferraz el lunes por la tarde-noche. Además, pide que se ofrezcan acciones a quienes resultaran perjudicados por esta actuación, «entre los que deberán estar las personas que fueron atendidas por los servicios SAMUR en el lugar de los hechos».
VOX ha solicitado también que se oficie a la Delegación de Gobierno para que envié el expediente completo de la concentración del lunes en la sede del PSOE de Ferraz, incluido el informe de riesgo realizado; que se oficie al Ministerio de Interior para que remita el protocolo de actuación en caso de concentraciones comunicado a todos sus efectivos en actuaciones en concentraciones de ciudadanos.
Por último, solicita también la testifical del jefe de Grupo y del Operativo destacado el lunes pasado, a fin que determine si recibió alguna orden superior para iniciar la carga para disolver a los manifestantes. Y en caso afirmativo, quién, cómo y cuándo la recibió, así como a quién y cómo la transmitió.
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