El pasado 23 de junio, el mundo asistió con sorpresa y preocupación a un hecho sin precedentes: la rebelión armada del Grupo Wagner, una compañía militar privada (CMP) de origen ruso, contra el gobierno de Vladimir Putin. Los mercenarios de Wagner, que habían estado combatiendo junto al ejército ruso en la invasión de Ucrania, se sublevaron contra sus antiguos aliados y avanzaron hacia el interior de Rusia, llegando a tomar la ciudad de Rostov del Don y amenazando con llegar a Moscú.
Eso parece lejano, pero igual que la invasión de Ucrania nos está dejando huella en la economía, y por tanto en nuestra calidad de vida, esto también nos afecta, incluso en este rincón del mundo.
La insurrección fue motivada por las crecientes tensiones entre el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, y el Ministerio de Defensa ruso, al que acusaba de traicionar los intereses nacionales y de bombardear las posiciones de sus hombres. Prigozhin, un poderoso empresario cercano a Putin, había fundado Wagner en 2014 como una empresa privada que ofrecía servicios de seguridad y defensa a gobiernos y entidades extranjeras. Se cree que Wagner ha participado en conflictos como Siria, Libia, Sudán o la República Centroafricana, defendiendo los intereses rusos o de sus aliados.
La rebelión fue finalmente sofocada tras la intervención del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que medió entre Prigozhin y Putin para lograr una tregua. Los mercenarios de Wagner acordaron detener su avance y regresar a sus bases, evitando así un enfrentamiento directo con el ejército ruso. Putin calificó el desafío de Prigozhin como una "puñalada por la espalda" y amenazó con una dura respuesta.
El caso de Wagner ha puesto en evidencia el poder y la influencia que han adquirido los ejércitos privados en el escenario internacional, capaces de desafiar a un Estado soberano y de alterar el equilibrio geopolítico. Estas empresas se benefician de la creciente demanda de servicios militares por parte de actores estatales y no estatales que buscan externalizar sus operaciones de defensa y seguridad, reducir sus costes o evitar responsabilidades legales o políticas.
Los ejércitos privados no son un fenómeno nuevo, sino que tienen una larga historia que se remonta a la antigüedad. Sin embargo, su auge se ha producido en las últimas décadas, especialmente tras el fin de la Guerra Fría y el inicio de la llamada "guerra contra el terrorismo". Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), las ventas mundiales de las 100 mayores empresas militares privadas ascendieron a 420.000 millones de dólares en 2019, lo que supone un aumento del 5,5% respecto al año anterior.
Los principales proveedores y consumidores de estos servicios son Estados Unidos y sus aliados occidentales, que han recurrido a los contratistas militares para apoyar sus intervenciones en Irak, Afganistán o Siria. Según datos del Departamento de Defensa estadounidense, en 2020 había más de 50.000 contratistas militares trabajando para Estados Unidos en Oriente Medio y África, superando al número de soldados regulares. Entre las empresas más destacadas se encuentran Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems o Raytheon.
Sin embargo, los ejércitos privados no son exclusivos de Occidente, sino que también han proliferado en otras regiones del mundo, como África, Asia o América Latina. Algunos países emergentes o autoritarios han visto en estas empresas una oportunidad para expandir su influencia o para contrarrestar la presencia occidental. Además de Rusia y su Grupo Wagner, otros ejemplos son China y su Frontier Services Group (FSG), dirigida por el exmilitar estadounidense Erik Prince; Turquía y su SADAT International Defense Consultancy; o Emiratos Árabes Unidos y su Black Shield Security Services.
El auge de los ejércitos privados plantea serios riesgos para las democracias y el orden internacional basado en el respeto al derecho y a los derechos humanos. Estas empresas operan al margen de la legalidad y la rendición de cuentas, y pueden actuar en contra de los intereses y valores de los países que las contratan o que las albergan.
Además, pueden controlar o influir en gobiernos títeres, recursos naturales estratégicos o procesos de paz en los países donde están desplegados, socavando la soberanía y la estabilidad de las naciones. Asimismo, pueden generar conflictos o escalarlos, provocando violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o genocidios.
Son ellos los que pueden convertir un país en un productor agrícola de primer nivel usando mano esclava, y a la vez imponer su voluntad controlando a ciertos países, y si eso tiene una relación directa, no es menos relevante que puedan dominar el mercado del coltan, fundamental para los terminales móviles.
Por otro lado, los ejércitos privados pueden desafiar o amenazar a las organizaciones internacionales como la ONU, que tienen el mandato de mantener la paz y la seguridad colectiva. Estas organizaciones se ven limitadas por la falta de recursos, voluntad política o consenso para hacer frente a estas amenazas emergentes.
Por tanto, se hace necesario regular y controlar la actividad de los ejércitos privados, así como fortalecer el papel de las instituciones multilaterales y el derecho internacional humanitario.
La pregunta que surge es si son los dueños de estos ejércitos privados los verdaderos cerebros, o hay otros actores políticos o empresariales, tras ellos, que buscan obtener beneficios políticos o económicos a costa del sufrimiento ajeno. Por el momento ya hemos visto que son capaces de doblegar –o casi- a quienes le contratan, o incluso que pueden revenderse al mejor postor en medio de una contienda.
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