El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha ampliado las investigaciones iniciadas en 2021 por la presunta compra fraudulenta de material sanitario con una segunda fase de la operación que abarcaría varios contratos públicos relacionados con la Diputación de Almería. Esta nueva fase ha derivado en la detención de siete personas, entre las cuales se encuentran el presidente de la Diputación, Javier García Molina, el delegado del Área de Presidencia, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.
La nueva operación se ha desarrollado esta mañana con el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.
Según el auto que ha autorizado los registros y ha facultado a la UCO a llevar a cabo las detenciones que considere necesarias, "en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".
La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros".
Algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines.
Algunos de los implicados ahora detenidos no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales".
El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada. Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.
En la causa ya estaba siendo investigado, entre otros, el entonces vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, por la firma de un contrato de suministro de mascarillas en abril de 2020 por importe superior a los dos millones de euros.
Los siete detenidos en la operación serán puestos previsiblemente a disposición judicial el próximo jueves.
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