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Donald Trump, presidente de EE.UU., minimizó el impacto de un posible aumento del precio del petróleo a 200 dólares por barril durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. En medio de tensiones con Irán, afirmó que el mayor peligro radica en el uso de armas nucleares, mencionando que "no hay nada peor que un arma nuclear que destruya ciudades". Además, advirtió sobre el riesgo de una escalada del conflicto que podría afectar a Europa y destacó la capacidad de misiles para alcanzar ese continente. La situación se produce en un contexto de volatilidad en los mercados energéticos debido a la crisis en Medio Oriente, lo que ha llevado a la Comisión Europea a implementar medidas de emergencia para mitigar el impacto económico.

El Partido Popular, a través de la senadora María Jesús Bonilla, ha denunciado en el Pleno del Senado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha impuesto la compra obligatoria de la baliza V16 a millones de españoles. Según Bonilla, este dispositivo presenta "legalidad cuestionada" y "eficacia sin probar", además de problemas en las homologaciones. La senadora criticó que esta medida no fue notificada a Europa y alertó sobre la desigualdad que genera, ya que los conductores españoles son los únicos sancionados por su uso. También cuestionó la falta de transparencia en los contratos relacionados con la baliza y exigió informes técnicos independientes que respalden su eficacia. La denuncia se produce en un contexto donde se estima que la baliza costará más de 1.500 millones de euros a los ciudadanos, lo que plantea dudas sobre si se trata realmente de una medida de seguridad vial o simplemente de recaudación fiscal.

Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE, ha acusado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al no investigar el caso de las balizas V16. Montserrat cuestionó si la obligación de adquirir un modelo específico podría favorecer intereses comerciales y distorsionar la competencia en contravención del derecho comunitario. A pesar de que la Comisión reconoció que existen normas para prevenir prácticas anticompetitivas, su respuesta evitó abordar los conflictos de interés planteados. Montserrat exigió una investigación rigurosa para asegurar la transparencia y la igualdad en el mercado europeo, subrayando que no es aceptable una respuesta formalista ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reconoció que el rechazo al gas ruso ha sido una decisión dolorosa con efectos persistentes en los ciudadanos europeos. Durante un discurso en Australia, destacó que la UE tuvo que abandonar el gas ruso de manera abrupta, lo que ha generado un aumento en los precios de la energía y una crisis económica. Von der Leyen subrayó la necesidad de enfrentar las dependencias energéticas y advirtió sobre las consecuencias críticas de esta transición, mientras que un representante ruso criticó su tardanza en reconocer la gravedad de la crisis energética en Europa. La UE ha sustituido el gas ruso por gas natural licuado estadounidense, enfrentándose a costos más altos y desafíos económicos significativos.

Carmen Crespo, eurodiputada del Partido Popular, ha solicitado a la Comisión Europea que se agilicen los controles en frontera y se acelere la creación de la Oficina Europea de Control de Importaciones, conocida como ‘Frontex Agroalimentario’. Esta iniciativa busca proteger a los agricultores europeos de las importaciones desleales y garantizar el cumplimiento de normativas fitosanitarias. Crespo también ha instado al Gobierno español a reforzar los Puntos de Inspección Fronterizos con más recursos. Además, criticó el Acuerdo comercial con Marruecos por su falta de transparencia y sus efectos negativos sobre el sector hortofrutícola español.

El Parlamento Europeo ha aprobado las salvaguardias impulsadas por el Partido Popular, que protegen a los agricultores ante el acuerdo comercial UE-Mercosur. Estas medidas incluyen la reducción del umbral de activación de salvaguardias del 10% al 5%, permitiendo una respuesta más rápida ante caídas de precios. Además, se han incorporado los cítricos como productos sensibles y se establecerá un seguimiento constante de importaciones. La Comisión Europea deberá actuar rápidamente en caso de deterioro del sector agrícola. Vox ha votado en contra de estas medidas, lo que ha generado críticas sobre su apoyo al campo español.

La Comisión Europea calificó en diciembre de 2023 la línea de AVE Madrid-Sevilla como "obsoleta" y aprobó una subvención de 111 millones de euros para su renovación. Esta modernización es necesaria para cumplir con las normas europeas de interoperabilidad y mejorar la seguridad tras un grave accidente en 2026 que dejó 46 muertos. El Partido Popular ha solicitado a la Comisión que investigue el uso de estos fondos, tras revelaciones sobre la falta de sustitución de traviesas en el tramo del accidente y posibles irregularidades en las empresas involucradas. La línea, inaugurada en 1992, requiere una actualización integral para mantener su fiabilidad y seguridad.

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de 13 ministros para esclarecer los bajos niveles de ejecución de los fondos europeos, a solo cuatro meses de que venza el programa Next Generation. Denuncian que 12 de los 22 Ministerios tienen menos del 32% de pagos realizados y han registrado 110 preguntas para exigir respuestas sobre la gestión de estos fondos. El Gobierno enfrenta críticas por la reducción de compromisos y retrasos en proyectos clave, lo que pone en duda su capacidad para cumplir con los objetivos establecidos. La falta de coordinación y una gestión ineficaz son señaladas como las principales causas del bajo rendimiento en la ejecución de estos fondos.

Elías Bendodo, vicesecretario del PP, ha instado al Gobierno a reforzar los controles del padrón municipal para evitar que se convierta en un "coladero" de inmigrantes y prevenir empadronamientos fraudulentos. Durante la Comisión de Política Territorial del Congreso, defendió una Proposición no de Ley que busca dotar a los ayuntamientos de herramientas para cruzar datos con otras instituciones y garantizar una gestión más rigurosa. Además, exigió la detención inmediata de un proyecto de regularización masiva de inmigrantes, argumentando que este proceso se ha llevado a cabo sin la debida comunicación con las autoridades europeas y sin el apoyo necesario de las administraciones locales. Bendodo enfatizó la importancia de establecer un control efectivo sobre la inmigración y asegurar que quienes lleguen a España lo hagan con buenas intenciones y respeto por las costumbres locales.

La Unión Europea enfrenta preocupaciones por una posible crisis fiscal derivada de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán, que ha impactado severamente en el sector energético. La Comisión Europea ha advertido sobre la necesidad de "coordinación y cautela" en las medidas para mitigar el aumento de precios de la energía, sugiriendo que las subvenciones y límites de precios deben ser temporales y limitados. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, destacó que este conflicto ha incrementado los precios del petróleo y gas en Europa hasta un 60%, lo que podría llevar a una mayor inflación. Algunos países miembros ya han tomado medidas como reducir impuestos sobre combustibles y solicitar flexibilidad en las ayudas estatales.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha distanciado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al defender la importancia de mantener un orden mundial basado en reglas. En medio de las tensiones entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Costa enfatizó que la política exterior de la UE debe ser multilateral y respetar el derecho internacional. Sus declaraciones se producen tras los comentarios de Von der Leyen, quien cuestionó la eficacia del sistema internacional actual para proteger los intereses europeos. Las críticas hacia ella han surgido desde diversos sectores, argumentando que su postura podría socavar el derecho internacional y el papel de la UE en el ámbito global.

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha criticado duramente al ministro de Transportes, Óscar Puente, durante el Pleno del Senado, calificándolo de "indigno" para su cargo por ser "mentiroso, maleducado, incompetente e imprudente". Bernabé argumenta que la imprudencia de Puente ha costado 47 vidas y que estas muertes podrían haberse evitado si se hubieran atendido las advertencias sobre la seguridad ferroviaria. Además, cuestionó la gestión del ministro ante el caos en el sistema ferroviario y destacó que España ha visto un aumento en los descarrilamientos desde que Sánchez asumió la presidencia. El senador exigió respuestas sobre el uso de fondos destinados a mejorar la infraestructura ferroviaria y criticó las múltiples limitaciones de velocidad en las vías del país.

El Partido Popular (PP) ha llevado a la Comisión Europea preocupaciones sobre el estado y la peligrosidad de las presas y embalses en España. Dolors Montserrat, secretaria general del PPE, ha presentado dos preguntas parlamentarias enfocadas en el uso de fondos europeos para el mantenimiento y seguridad de estas infraestructuras. Informes técnicos indican que el 60% de las presas estatales requieren intervenciones urgentes debido a deficiencias estructurales y falta de planes de emergencia. Montserrat cuestiona qué fondos han sido asignados desde 2014 para su rehabilitación y si se están utilizando adecuadamente para garantizar su seguridad. Además, advierte sobre las graves consecuencias que un fallo en estas infraestructuras podría acarrear.

Donald Trump podría continuar liderando su Consejo de Paz incluso después de finalizar su mandato presidencial en EE.UU., según informa Bloomberg. Un funcionario anónimo indicó que Trump podría permanecer en este cargo hasta que decida renunciar voluntariamente. La creación del Consejo, diseñado para gestionar el Gobierno de Gaza, ha encontrado resistencia entre los líderes del Grupo de los Siete y plantea la posibilidad de un reemplazo a la ONU. La Casa Blanca ha invitado a 58 países a participar, incluyendo a Rusia y China, mientras que Francia ha rechazado unirse, lo que ha generado tensiones con Trump.