El Congreso exige al Gobierno proteger los valores democráticos de la UE y actualizar estándares de calidad del agua

En la Comisión Mixta para la UE

La portavoz del PP en la Comisión Mixta para la UE, Milagros Marcos, ha instado al Gobierno a exigir a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que se investiguen las estrategias de injerencia y debilitamiento contra la UE, asegurando que deben tener consecuencias claras.

Marcos también enfatizó que España no puede permitir injerencias extranjeras por incumplimientos en sus obligaciones europeas relacionadas con la seguridad tecnológica. Además, solicitó que la Cámara exprese su apoyo a las investigaciones europeas sobre filtraciones de información sensible.

Defensa de Europa y amenazas externas

La portavoz destacó que “la defensa de Europa empieza en cada Estado miembro” y advirtió que el actual Gobierno de Sánchez ha ampliado el espacio para estas injerencias. Según ella, esto se debe a un deterioro del Estado de derecho, donde el poder judicial es cuestionado y las instituciones de control son manipuladas políticamente.

“Los objetivos de estas injerencias son claros: obstaculizar la adhesión de Ucrania a la UE, bloquear acuerdos estratégicos europeos y erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, afirmó Marcos, quien también mencionó cómo estas acciones buscan interferir en procesos electorales para favorecer gobiernos débiles.

Seguridad europea y calidad del agua

En relación con la seguridad europea, hizo referencia al caso Huawei, señalando que “España ha puesto en riesgo la seguridad de la Alianza”. También criticó el papel del expresidente Zapatero en operaciones vinculadas al régimen venezolano, indicando que esto podría implicar una posible penetración de intereses autoritarios en decisiones cruciales para la seguridad tecnológica del país y de la Unión Europea.

A su vez, el diputado del GPP Joaquín Melgarejo exigió al Gobierno una Estrategia Nacional específica para prevenir y controlar sustancias contaminantes en el agua. Indicó que la UE ya ha establecido directrices claras y advirtió que si no se actúa pronto, los costes económicos relacionados podrían ascender a 440.000 millones de euros antes de 2050.

Compromiso ambiental necesario

Melgarejo subrayó la necesidad de implementar “una estrategia nacional” junto con una evaluación rigurosa de impactos y una comparación con las mejores prácticas europeas. Destacó que la solución radica en evitar que los contaminantes lleguen al agua.

Cerró su intervención afirmando que resulta “especialmente llamativo” que un Gobierno que se presenta como líder climático permanezca inactivo ante uno de los principales desafíos regulatorios relacionados con el agua durante la próxima década. “Proteger la calidad del agua no es una opción, sino una obligación hacia nuestros ciudadanos y nuestro medio ambiente”, concluyó Melgarejo.