En el Pleno del Senado, la senadora del GPP, María Jesús Bonilla, ha cuestionado al ministro del Interior sobre la baliza V16. Durante su intervención, Bonilla acusó a Fernando Grande-Marlaska de obligar a millones de españoles a adquirir un dispositivo cuya legalidad es dudosa y cuya eficacia no ha sido comprobada. La senadora subrayó que esta medida fue impuesta sin notificación previa a Europa y que presenta problemas en sus homologaciones, además de generar interrogantes respecto a los contratos con empresas vinculadas.
Bonilla planteó su inquietud en el Pleno del Senado, preguntando al ministro en qué fundamentos se basa el Gobierno para imponer la obligatoriedad del uso de la baliza V16. La senadora del Partido Popular enfatizó que “los ciudadanos no merecen ser engañados ni sufrir negligencias en la gestión de su seguridad”. Además, instó a Marlaska a dimitir, afirmando que con España y sus ciudadanos “no se juega ni se comercia”.
Cuestionamientos sobre la eficacia del dispositivo
La senadora también destacó que expertos, incluyendo a miembros de la Guardia Civil (AUGC), han puesto en duda la efectividad técnica de este dispositivo. “¿Dónde están los informes técnicos independientes que respalden esta medida? ¿Por qué no son publicados?”, exigió Bonilla al ministro.
Asimismo, hizo hincapié en que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tenido que retirar la homologación de varias balizas V16 debido a incumplimientos técnicos. “Miles de ciudadanos adquirieron dispositivos que usted mismo declaró válidos y ahora ya no lo son. ¿Les va a devolver su dinero?”, cuestionó.
Impacto económico y desigualdad para los conductores
Bonilla denunció que la implementación de la baliza V16 representa una carga económica adicional para los conductores españoles, estimándose un costo total superior a 1.500 millones de euros. De esta cantidad, Hacienda espera recaudar 300 millones solo en concepto de IVA: “¿Esto es seguridad vial o es recaudación?”, se preguntó.
La senadora también alertó sobre la desigualdad que enfrenta el conductor español, ya que los vehículos matriculados en otros países pueden continuar utilizando triángulos de emergencia sin penalización. “Solo el conductor español paga y es sancionado”, enfatizó.
Falta de transparencia y resultados preocupantes
María Jesús Bonilla recordó que la Comisión Europea confirmó que España no siguió el procedimiento obligatorio de notificación antes de imponer el uso de la baliza conectada. Criticó al ministro por haber establecido una norma sin avisar a Bruselas y por no respetar las regulaciones del mercado interior.
Tras escuchar las respuestas del ministro, Bonilla concluyó que este no había proporcionado informes claros ni aclarado los procedimientos relacionados con las homologaciones. Con datos concretos en mano, señaló que durante la primera operación salida con el uso de la baliza V16 se registraron las cifras más altas de muertes por atropello en una década: “El balance no es positivo”, advirtió. Ahora se encargan informes para evaluar si realmente funciona el dispositivo: “Con la vida de los españoles no se experimenta”.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 1.500 millones de euros |
Costo estimado para los españoles por la baliza V16 |
| 300 millones de euros |
Ingreso estimado por Hacienda en IVA debido a la baliza V16 |
| 10 años |
Años en los que se registró la cifra más alta de muertos por atropello durante la primera operación salida con la baliza V16 |
Si (
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