EE.UU. realiza segundo ataque naval contra barco venezolano, confirma la Casa Blanca

Un alto comandante de la Marina de los Estados Unidos ha ordenado una segunda ronda de ataques militares contra un presunto barco venezolano dedicado al tráfico de drogas, según ha confirmado la Casa Blanca. La portavoz del organismo, Karoline Leavitt, indicó que el almirante Frank Bradley actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al emitir la orden para el ataque adicional.

Leavitt también confirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó los ataques; sin embargo, desmintió que hubiera dado instrucciones para “matar a todos”, como había informado el Washington Post. Este segundo ataque se llevó a cabo tras la supervivencia de dos personas que se aferraban al barco en llamas después del primer bombardeo.

Tensiones políticas y legales

Legisladores tanto del partido Republicano como del Demócrata han manifestado su preocupación ante este informe y han prometido llevar a cabo revisiones en el Congreso sobre los ataques. Leavitt afirmó durante la rueda de prensa que el presidente Donald Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos designados como narcoterroristas están sujetos a ser blanco letal conforme a las leyes de guerra.

No obstante, la portavoz no confirmó si el primer ataque dejó sobrevivientes ni si el segundo estaba destinado a eliminar a esos individuos. Los informes mediáticos sobre las órdenes dadas por Hegseth han renovado las inquietudes respecto a la legalidad de los ataques militares estadounidenses contra supuestos barcos dedicados al tráfico de drogas en el Caribe.

Aumento de operaciones militares

Hegseth ha rechazado las acusaciones contenidas en dichos informes, calificándolas como “fabricadas, inflamatorias y despectivas”. En un mensaje publicado en redes sociales, expresó su apoyo total al almirante Bradley, describiéndolo como un héroe estadounidense y un verdadero profesional.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe y ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en aguas internacionales frente a Venezuela y Colombia, como parte de lo que denomina una operación antinarcóticos. Desde principios de septiembre, más de 80 personas han perdido la vida en estos ataques.

Reacciones internacionales y diálogo solicitado

La administración Trump sostiene que sus acciones son defensivas al destruir embarcaciones que transportan drogas ilícitas hacia Estados Unidos. Sin embargo, estas acciones han elevado significativamente las tensiones con Venezuela. Trump ha reiterado su consideración sobre el despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en ese país.

Además, estas operaciones han generado un mayor escrutinio entre los legisladores estadounidenses. El fin de semana pasado, el Comité de Servicios Armados del Senado anunció que llevaría a cabo una “supervisión rigurosa para determinar los hechos” relacionados con los ataques. El presidente del comité, el senador Roger Wicker, indicó que planean entrevistar al “almirante encargado de la operación” y buscar grabaciones para esclarecer las órdenes dadas.

Dudas sobre la legalidad internacional

Múltiples expertos consultados han expresado serias dudas sobre si el segundo ataque contra los supuestos sobrevivientes podría considerarse legal bajo el derecho internacional. Estos individuos podrían estar protegidos por normativas destinadas a marineros náufragos o por disposiciones aplicables a tropas incapaces de continuar combatiendo.

Bajo la administración del expresidente Barack Obama, las Fuerzas Armadas estadounidenses enfrentaron críticas por realizar múltiples disparos desde drones en una práctica conocida como “doble golpe”, lo cual ocasionalmente resultaba en bajas civiles. El domingo pasado, la Asamblea Nacional venezolana condenó los ataques contra barcos y prometió llevar a cabo una “investigación rigurosa y exhaustiva” sobre los eventos ocurridos el 2 de septiembre.

Diálogo propuesto entre EE.UU. y Venezuela

El gobierno venezolano ha acusado a Estados Unidos de exacerbar las tensiones regionales con el objetivo declarado de derrocar su administración. En una entrevista reciente, el Fiscal General venezolano Tarek William Saab sugirió que las acusaciones realizadas por Trump derivan de una “gran envidia” hacia los recursos naturales del país.

Saab también instó a un diálogo directo entre los gobiernos estadounidense y venezolano para despejar la atmósfera tóxica observada desde julio del año anterior. Recientemente, Trump reveló haber mantenido una breve conversación telefónica con el presidente Nicolás Maduro en la cual lo presionó para renunciar y abandonar Venezuela junto con su familia.

A medida que se desarrollan estos acontecimientos complejos e interrelacionados, queda claro que tanto las implicaciones legales como políticas seguirán siendo objeto central de debate tanto dentro como fuera del ámbito internacional.

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