GPP exige más fuerzas de seguridad y protección ante el aumento delictivo

El GPP demanda un aumento en la seguridad y protección de las fuerzas del orden

Durante el debate en Pleno sobre la Moción del Grupo Parlamentario Popular (GPP), se abordó el supuesto fracaso del Gobierno en materia de seguridad e interior. El diputado Manuel Cobo cuestionó qué tipo de seguridad pueden esperar los ciudadanos españoles bajo la administración actual, señalando que se ha llegado a una situación humillante al permitir que Bildu decida sobre los recursos y medios que pueden utilizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) para proteger a la población.

Cobo enfatizó que la confianza de los ciudadanos en el presidente Pedro Sánchez es cuestionable, dado que ha designado a un delincuente como máximo responsable de la persecución del delito. En este contexto, solicitó al Gobierno la equiparación salarial entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas, así como el reconocimiento de estas profesiones como de riesgo para todos sus agentes.

Propuestas para fortalecer la seguridad pública

El diputado también propuso aumentar las penas por delitos relacionados con atentados, resistencia o desobediencia a la autoridad. Además, sugirió restablecer la unidad OCON-Sur y reforzar el despliegue territorial de la Guardia Civil, así como incrementar las plantillas de las FyCSE en los puntos fronterizos marítimos y terrestres para recuperar el control efectivo de las fronteras.

Cobo hizo hincapié en que no se debe hacer política partidista en temas tan cruciales como Interior, Seguridad, Defensa o Política Exterior, ya que son áreas donde debe prevalecer el interés general. Sin embargo, criticó al Gobierno por haber erigido un muro divisorio en estas cuestiones que afecta a la unidad nacional.

Denuncias sobre persecuciones políticas

Asimismo, denunció lo que considera una persecución por parte del Gobierno hacia fiscales, jueces y otros servidores públicos que no apoyan sus políticas. Citó ejemplos concretos como el caso del ministro Torres y su trato hacia una funcionaria que se negó a actuar ilegalmente al autorizar pagos a quienes él denomina “la banda del 2%”.

Cabo instó a Sánchez a dejar de lado comparaciones engañosas con el Ejecutivo anterior en términos de gasto e inversión, argumentando que tales comparaciones ocultan la grave situación económica heredada del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Criticó además cómo esta legislatura se inició sin bases sólidas y con una estructura inestable.

Finalmente, concluyó afirmando que algunos aliados actuales de Sánchez deberían reconocer que es momento de escuchar a los ciudadanos antes de que sea demasiado tarde.